Besteiro sigue de perfil

Lo decía hace poco el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Angel Cadenas. Cuando a un juzgado de lo Penal llegan conductas irregulares de responsables públicos, lo que se investiga es el desvalor penal. Pero esa conducta puede llevar añadido un desvalor ético, disciplinario o deontológico. 
Es ciertamente –por emplear palabras del propio magistrado– un asunto vidrioso. Porque el juez penal no entra en esos efectos extraprocesales de las conductas delictivas. No es responsabilidad ni competencia suya. Quien tiene que decidir es el afectado y, en los supuestos de la llamada corrupción política, el partido cuyas siglas acogen al imputado. 
Las alternativas son varias y todas, defendibles. Hay quienes sostienen que la mera imputación debe causar ya efectos políticos. Otros, sin embargo, fijan la exigible dimisión del imputado o investigado en momentos intermedios del proceso, cual podría ser la apertura del juicio oral. Para otros, finalmente, las responsabilidades políticas sólo deben derivarse de la condena judicial firme, pues, aparte de otras consideraciones, si no hay causa mal puede haber efectos. 
Desde mi irrelevancia personal, me quedo con esta última alternativa, habida cuenta que la “infalibilidad” de la Justicia sólo cabe admitirla en un Estado de derecho cuando no queda más remedio; es decir, en la fase final del proceso, cuando la verdad judicial queda establecida. Porque en este ámbito más allá de la verdad judicial no hay otra.
Pero, como digo, quienes están llamados a decidir son los propios partidos políticos; decisión que en estos momentos se complica, pues, sin esperar al veredicto de los tribunales, han de pronunciarse muy pronto sobre si admiten o no imputados en las listas electorales que se avecinan.
Todos andan dando largas al asunto, mareando un poco la perdiz y como queriendo ganar tiempo. Desde el Partido Popular, por ejemplo, dicen esperar a que se levante en su totalidad el secreto del sumario de la operación Pokémon, como si el criterio al respecto no pudiera estar establecido ya independientemente de lo que pudiera suceder.
Y desde la otra orilla política ha sorprendido el criterio del secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, según el cual un imputado podrá formar parte de una candidatura si así lo respaldan los militantes en el proceso de primarias. Es decir, que a final de cuentas van a decidir el ninguneado militante de a pie y los simpatizantes ocasionalmente admitidos a ello.
Me imagino que a la vista de cómo los aparatos del partido controlan a la hora de la verdad las primarias –el barón extremeño Rodríguez Ibarra dixit–, al final será lo que él quiera. Pero Gómez Besteiro ha conseguido de nuevo ponerse de perfil. Muy propio del dirigente socialista.