Algún experto ha apuntado que para la búsqueda de acuerdos previos –imprescindibles– al inicio de una reforma constitucional, nada puede ser más inconveniente que poner sobre la mesa un texto más o menos acabado. Es más: cuanto más acabado, peor, pues las partes llamadas a la reflexión nunca podrán aceptar las propuestas de los demás sin darles la ventaja de la paternidad de la reforma. A tal efecto se recuerda cómo, en la Transición, ante una primera propuesta de Suárez de remitir a las Cámaras un anteproyecto sobre el que versaría el debate constituyente, las demás fuerzas políticas se opusieron a ello. A juicio de éstas, sólo los directos representantes elegidos por el pueblo español estarían legitimados  para, partiendo de cero y entre todos, acometer el proceso. Y así finalmente sucedió a través de la ponencia constituida al efecto.  
Las circunstancias históricas de entonces –de ruptura radical con lo anterior– nada tienen que ver con las actuales. Pero a pesar de ello, me da la impresión que tan inadecuado es pecar por exceso como ofrecer un texto tan generalista y difuso que realmente sirva para muy poco. Y es lo que ha hecho el PSOE con su “propuesta de reforma constitucional: por un nuevo pacto de convivencia”, presentado hace unos días por su secretario general, Pedro Sánchez. La verdad que la fecha no resultó ser la más oportuna, pues fuerzas políticas, sistema mediático y opinión pública en general estaban más que enfrascados en el golpe de Estado que el nacionalismo catalán estaba perpetrando por aquella jornada. Tal vez por eso la propuesta no tuvo mayor eco. Pero a esa coincidencia habría que añadir el hecho de que el texto no daba para mucho. 
Se trata de un documento de diez páginas escasas, de las cuales casi tres vienen a ser una exposición de motivos. Y cuando pasa a intentar concretar los cinco grandes ejes de la reforma, parece más un programa electoral de partido que las bases de un futuro texto constitucional. Lo cierto es que se proyecta constitucionalizar casi todo. Y así, por mucho que se flexibilizaran los mecanismos de reforma, ello daría paso a un sistema rígido que pronto se quedaría viejo. Por otra parte, cuando llegara el momento de redactar el articulado, nos encontraríamos con una de las leyes fundamentales más largas y prolijas  de la historia. Y lo que puede ser la mayor objeción: la propuesta no clarifica que aportaría a mayores al sistema autonómico vigente el federalismo que formula. Cuestión clave.