TELEVISIONES AUTONÓMICAS

Todas en el mismo saco. Juntas y revueltas. Así han sido tratadas estos días las televisiones autonómicas a raíz del anuncio de que el Gobierno central prepara una reforma de la Ley general de la Comunicación audiovisual que permitirá privatizar la gestión de las mismas.
No es la primera vez que tal generalización se produce. Desde fuera, las cadenas públicas regionales siempre suelen ser consideradas así para así mejor ampliar el blanco y así justificar mejor la ofensiva. Es igual que unas tengan (Valencia) una deuda de 1.200 millones de euros y otras, como TVG, no lleguen a los 9. Es lo mismo que unas (Cataluña) cuenten en nómina con más de dos mil empleados y que otras, como la nuestra, anden por los setecientos.
No importa tampoco que en el superfragmentado mercado audiovisual Televisión de Galicia se haya mantenido el año pasado en el 12,3 por ciento de cuota de pantalla y haya sido la segunda autonómica más vista, mientras  que otras muchas, alguna de la entidad teórica de Telemadrid, se han quedado sensiblemente por debajo.
La diversidad de situaciones podría ampliarse. Pero, como digo, la presentación del tema por parte la opinión publicada no acostumbra a distinguir. Como si todas las cadenas regionales públicas fueran lo mismo, todas hubieran sido administradas con las mismas malas maneras y todas respondieran  a los mismos planteamientos.
La ofensiva  se ha reproducido estos días a raíz de las pretensiones privatizadoras del Gobierno. De acuerdo con lo manifestado por la vicepresidenta y ministra portavoz, señora Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo se escuda en un informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), de julio de 2009, según el cual “resultaría conveniente realizar una previsión” para el caso de que comunidades autónomas quisieran acordar la prestación del servicio público no mediante gestión directa, sino de otra manera.
Lo que no se dice mucho es que, de seguir  el criterio de la CMT, los eventuales nuevos gestores estarían obligados a hacer no una televisión convencional, sino una televisión de servicio público. ¿Y eso, se preguntarán muchos, a quién podrá interesar, habida cuenta de todas las servidumbres que conlleva?
Si, encima, como sigue sosteniendo la CMT, las Administraciones de turno habrían de garantizar a aquéllos “el equilibrio económico y financiero”, ¿qué se habrá ganado con la privatización: que el inevitable dinero público, en forma de subvención, de canon o de lo que sea, vaya a parar a manos privadas en vez de a una empresa o corporación pública como hasta ahora?
Veremos a ver por dónde sale el Gobierno. Con todo, a veces uno llega a pensar que lo que realmente se busca es poder quitarse de encima el engorro de gestionar un medio público. Aunque me imagino que sin renunciar a algún telecontrol.