Corrupción y contratación pública

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La corrupción pública ha adquirido en este tiempo una dimensión preocupante. La percepción ciudadana en algunas partes de España es alarmante. La UE en 2014, a través de la Comisaría de Justicia e Interior, señaló que junto a la financiación de los partidos políticos y al urbanismo, la contratación pública es la principal causa de la corrupción. En 2015, con ocasión de unas recomendaciones al Reino de España en materia de reforma administrativa, la UE nos advirtió de que debíamos reforzar los sistemas de supervisión en materia de contratación pública.
En concreto, el informe de la UE al que nos referimos alude a que en los últimos tiempos han crecido desproporcionadamente las irregularidades cometidas en el campo de la contratación pública. Las más frecuentes atañen a las modificaciones –reformados– ilegales de los contratos, el uso fraudulento de los sistemas de contratación negociados sin publicidad y al recurso abusivo de los procedimientos de urgencia.
Según este informe de la UE, no hace falta concurso si se contratan obras por una cuantía inferior a los 200.000 euros o para servicios o suministros por debajo de los 60.000 euros. Además, se constata, el constante fraccionamiento de los contratos para eludir la publicidad. 
Por otra parte,  la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del Reino de España acaba de publicar un estudio acerca de los diferentes sistemas de contratación pública y sus resultados no dejan lugar a dudas. La falta de competencia, se dice en este análisis, fomenta la ineficiencia y la corrupción. Se calcula, según este informe preliminar,  que el sobrecoste de las prácticas de contratación en nuestro país asciende a la friolera del 25% de los 194.000 millones de euros que  anualmente se destinan a licitaciones de bienes y servicios públicos con cargo al Estado. Es decir, se podrían ahorrar en materia de contratación pública nada menos que 48.000 millones de euros, el 4.5% del PIB. 
Según la CNMC,  hay que empezar por erradicar toda una serie de prácticas ilícitas que merman sobremanera los costos de la contratación. Son los casos de pactos secretos de no competencia o de reparto de mercado y  los cárteles económicos, prácticas que precisan de una legislación que permita actuar en el marco civil y penal.
Para la  CNMC, algunas malas prácticas que deben eliminarse serían, entre otras, la adjudicación directa a empresas públicas o el establecimiento de plazos muy largos  de duración de las concesiones administrativas sin causas objetivas o razonables. También hay que mejorar la transparencia y la publicidad, tantas veces dominadas por escenarios de opacidad, penumbra o ambigüedad,  que enturbian la adjudicación a las mejores opciones. Por supuesto que es urgente el diseño de soportes tecnológicos que faciliten la elección de las ofertas mejores así como análisis rigurosos de eficiencia económica de los contratos, especialmente en lo que se refiere a una evaluación periódica acerca de los resultados obtenidos. El control, señala la CNMC, es deficiente y se encuentra regulado en normas dispersas y demasiado restrictivas.
En 2014 la Unión Europea aprobó un nuevo paquete de directivas en materia de contratación pública que España debe trasponer a pesar de haberse agotado los plazos establecidos. Se trata de una buena oportunidad para modernizar los procedimientos de contratación y dotarlos de mayores dosis de objetividad y racionalidad.  
El dinero público es de todos los españoles y debe ser utilizado al servicio objetivo del interés general. Para que los ciudadanos dispongamos de servicios y obras públicas de calidad que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de todos. No puede ser que despilfarremos tantos miles de  millones de euros cuándo existen necesidades sociales acuciantes e imperiosas que precisan de medios y fondos crecientes. No, no puede ser.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de Derecho Administrativo. @jrodriguezarana
 

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