Entramos en la semana clave para los pactos municipales y autonómicos sin tener nada decidido y Sánchez sigue sin mover ficha para formar su Gobierno. Y tan importante es saber con quién va a pactar como quiénes van a ser los miembros de su Gobierno. No parece claro que la mayoría de los actuales ministros en funciones sepan si van a continuar en el Gobierno o van a pasar a peor vida. Tal vez por eso algunos hacen méritos hablando mientras otros guardan silencio. Los políticos son fáciles de palabra y entran al trapo sin casi empujarlos, aunque luego se arrepientan de lo que han dicho. Pero ya sabemos que hoy un tuit borra el anterior y la memoria es frágil.

Iglesias es uno de los de lengua fácil, incluso cuando debería guardar silencio. Pero prefiere echar las culpas a los demás, cargarse el núcleo fundacional de Podemos y seguir insistiendo en que quiere estar como sea en el Gobierno con ministerios clave, antes que reconocer que “su” partido se desinfla por sus errores y su inconsistencia.Criticar las donaciones de Amancio Ortega a los hospitales, mientras calla ante la flagrante ocultación de las listas de espera en la Andalucía de Susana Díaz es un pequeño ejemplo. Hay muchos.

Pero volvamos a los ministros que hablan. Bueno, las ministras. La de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, estrella emergente para el nuevo Gobierno, ha amenazado con subir el diésel tras enfrentarse a Repsol y llamar antiguo a su presidente y poner en duda la inteligencia. Antonio Brufau, el hombre que ha llevado a la petrolera a un lugar de élite en el panorama de las multinacionales. Se ha sabido, además, que la pregunta que dio a la ministra para descalificar al presidente de Repsol no fue casual, sino sugerida. Ribera es la misma que hace unos meses ya anticipó que el diésel tenía los días contados, afirmación que es la responsable de la caída de las ventas de coches en los últimos meses. Ahora va a resultar que Ortega y Brufau son los malos de la película.

Otra ministra, la de Hacienda, María Jesús Montero, ha mandado cartas amenazantes a pymes y autónomos y lo justifica diciendo que no hay que ser susceptibles –como si una carta de Hacienda fuera una felicitación de Navidad–, que son estandarizadas y que “permiten liberar recursos para perseguir a los grandes defraudadores”. Su colega de Trabajo ha puesto a bajar de un burro al Banco de España por permitirse la ligereza de cuantificar la destrucción de empleo que va a provocar la electoralista medida de subir el salario mínimo interprofesional. Y la “subse” del ministerio, Yolanda Valdeolivas, se lanzó en picado contra la autoridad independiente del Banco exigiéndole que rectifique y pida “perdón”.

No he escuchado ninguna opinión a estas dos ministras sobre dos datos que también se han conocido esta semana: la Airef, la autoridad fiscal independiente ha denunciado que hay 14.000 millones en subvenciones públicas, del Gobierno y las autonomías, que no tienen control, supervisión ni evaluación. Y otro informe del Banco de España señala que cada puesto de trabajo que creó el Plan E del Gobierno Zapatero costó más de 160.000 euros al erario público. ¿Le pedirá Valdeolivas a Zapatero que pida perdón? Me temo que no.