Genocidio financiero

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Nadie pone en duda de que hay que garantizar y proteger la propiedad privada pero eso nunca nos puede hacer olvidar sobre la necesidad de mantener unos derechos básicos y fundamentales para todos los ciudadanos, como es el derecho a una vivienda digna. 

En los últimos tiempos el elevado número de desahucios de la primera vivienda (por hipotecas o alquileres), por culpa de la crisis y la usurería de las entidades financieras así como la injusta ley hipotecaria que protege totalmente a los prestamistas ha puesto de manifiesto la necesidad de intervención, con la valentía necesaria, de las diferentes administraciones públicas para evitar que ninguna familia ni ciudadano particular, tenga que vivir debajo de un puente y en plena calle, de manera involuntaria. 

A pesar de todo esto, muchas entidades financieras se pasan el código de buenas prácticas bancarias por el forro y quieren seguir aplicando cláusulas crediticias abusivas, comisiones e intereses desorbitados y ejerciendo un acoso y persecución injusto e inhumano hacia sus deudores y clientes más fieles, principalmente familias humildes que no pueden hacer frente a sus cuotas hipotecarias, por falta de recursos (y siempre de buena fe). 

Algunas familias no tienen ni para pagar los recibos del agua, la luz, teléfono…, acuden en busca de alimentos a entidades benéficas y a pesar de todo esto, algunos bancos se niegan a concederles moratorias y períodos de carencia, mientas no mejora la situación familiar y se pongan al día con sus cuotas hipotecarias, infringiendo con ello la legalidad vigente. 

Lo peor de todo es que estas entidades financieras son conscientes de que incurren en abusos, usurería y malas prácticas bancarias pero continúan con sus acciones de acoso y derribo contra miles de familias humildes y trabajadoras de nuestro país, quedando impunes ante el genocidio financiero generado, bajo la inoperancia y el pasotismo del Banco de España y el beneplácito de nuestros responsables políticos, que están más preocupados en la palabrería parlamentaria que en gobernar para la ciudadanía.

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