La llamada “declaración de Granada” viene a ser para el Partido Socialista un dilatado y espacioso paraguas político que todo lo ampara y todo lo acoge. Presentado en  julio de 2013 como una propuesta para restablecer el  consenso territorial en nuestro país, el texto tiene una primera parte que cualquier experto constitucional y casi cualquier partido podrían suscribir, pero que se escurre luego en un mar de generalidades cuando de concretar se trata. 
Últimamente el secretario general, Pedro Sánchez, ha echado mano del manifiesto para terciar en la controversia sobre la financiación especial y privilegiada de que gozan el País Vasco y Navarra. Ha dicho que “los socialistas se sienten a gusto y cómodos” tanto con el concierto como con el cupo vascos y se ha remitido al documento en cuestión para señalar que en él está escrito “negro sobre blanco” que una cosa y otra no están puestas en cuestión. 
La verdad es que expresamente allí no se propone reforma alguna al respecto, pero no menos cierto resulta que muy especialmente el cupo no encajaría en nada con ese nuevo sistema de financiación “justo y equitativo” que de cara al mejor reparto de los recursos públicos  recomienda. 
No se sabe, por lo demás, a qué socialistas se refiere Pedro Sánchez, porque han sido precisamente varios de sus barones territoriales quienes en mayor medida han alzado la voz contra la desigualdad y discriminación entre territorios  que el sistema vasco –y por extensión, el navarro– significan.
Así lo han hecho desde Susana Díaz (Andalucía) y Ximo Puig (Valencia) hasta el bailarín Miquel Iceta (Cataluña), que ha sido el más ocurrente y contundente: “Cupo, sí; cuponazo, no”, ha dicho con sorna como dando a entender que estamos ante un auténtico regalo de lotería para con aquellas dos comunidades.
De momento, el Partido Socialista ha cursado instrucciones a los suyos para que en estas largas vísperas electorales en que andamos no mienten más el espinoso tema. Pero cuando en la próxima legislatura se abra el preceptivo debate político y técnico correspondiente sobre la financiación de las comunidades de régimen común, el Gobierno que haya salido de las elecciones de diciembre habrá de lidiar desde el minuto uno con lo que el profesor Mikel Buesa suele llamar “el pufo vasco” y, si se prefiere, “el pufo vasco-navarro”. 
No parece, en efecto, admisible que la sobrefinanciación que, en detrimento del resto, el País Vasco y Navarra reciben, ronde los 2.600 y 600 millones de euros anuales, respectivamente. Y eso, a pesar de que por otra serie de circunstancias añadidas se trata de dos de las comunidades más ricas de España. No pocos coinciden, pues, en que es llegada la hora de que las  comunidades forales vayan aportando más a la solidaridad interterritorial.