Hay ocasiones en las que cuesta escribir. En días como el 1-O se juntan la vergüenza y la tristeza, el dolor y el desencanto por lo que somos y por lo que parecemos ser. Cuesta pensar que estamos en una democracia, esa democracia que los españoles nos dimos hace cuarenta años con un ejemplo de generosidad y solidaridad, de renuncias y reconocimientos. Las imágenes que hemos podido ver y las declaraciones rastreras de los políticos de uno y otro lado invitan a bajarse de este tren civilizado y de concordia que es la democracia y volver a la ley de la selva. Como demócrata, me repugna la imagen que hemos transmitido a todo el mundo, las peleas entre políticos constitucionalistas, las diferencias entre los mossos y las fuerzas de seguridad del Estado, su incapacidad para defender la aplicación de la ley.

Con urnas opacas; con papeletas dentro, muchas hechas en casa; con un “censo universal” que nadie sabe lo que es y que permite votar a cualquiera; con votaciones en la calle sin control alguno; sin junta electoral; con cambios de colegios electorales una hora antes de la consulta; con niños y ancianos como escudos; y saltándose todas las normas legales y las decisiones de la Justicia, este referéndum era un esperpento y lo ha sido. Pero sí ha habido referéndum y sus resultados seguramente ya estaban escritos antes de que se votara.

La maquinaria del Estado no ha funcionado o ha sido insuficiente para garantizar el cumplimiento de la ley. Y la afirmación de la vicepresidenta de que no ha habido referéndum no es cierta. Lo ha habido. Ilegal, chapucero, inconstitucional, antidemocrático, impresentable... pero lo ha habido.

La deslealtad de la Generalitat y de sus dirigentes es el origen y la causa de esta situación y ellos son los responsables. No hay que culpar a otros, aunque sí hay que exigir otras responsabilidades. Pero detrás del Govern, muy cerca, está el origen del problema: la promesa de Zapatero de aceptar cualquier cosa que decidieran los catalanes, aunque fuera ilegal y anticonstitucional; y la irresponsabilidad del PSOE al culpar en términos de igualdad al Govern de Puigdemont y al Gobierno de Rajoy; la desfachatez de Podemos y de Ada Colau en los insultos al PP y a Rajoy en lugar de criticar a los desleales a la Constitución. Personalmente he echado de menos una declaración conjunta de los tres partidos constitucionalistas en defensa del Estado de Derecho. Pero no se puede pedir lo que no están dispuestos a dar. No nos merecemos estos políticos.

Los independentistas son responsables de la inmensa fractura social y política de Cataluña y del coste personal, social, económico y político que va a tener esta situación a corto y a largo plazo para España, Cataluña incluida. Hasta el fútbol sufre las consecuencias de esta irracionalidad. A pesar de todo hay que llamar tanto a la firmeza como a la prudencia. Esto hay que resolverlo desde la ley, primero y sin renuncias, y desde el diálogo, después. Y asumiendo responsabilidades todos. Las que toq