Pocos días después de que un vecino tuviera la ocurrencia de okupar una de sus fincas, don Ciprián de Penalva, que sabía de la complejidad de las leyes y de la lentitud de la justicia, se reunió consigo mismo y dictó su peculiar sentencia. “Al alba y con viento de levante”, como diría el exministro Trillo, encendió el tractor, acopló los arados, entró en su finca y arrasó con la plantación furtiva. Fue su manera de recuperar “o que é meu”. Nunca más tuvo problemas con aquel vecino.
Ocurrió hace unos años y rescaté del recuerdo aquel episodio al conocer la historia de Antonio Vázquez, el emigrante gallego que trabajó toda la vida en Venezuela, invirtió sus ahorros en una vivienda en A Coruña y cuando regresó encontró aquella casa comprada con tanto esfuerzo okupada por unos desalmados.
Como buen ciudadano procedió como manda la ley: denuncia, espera de juicio y sentencia, un litigio que duró una eternidad. Sin entrar en detalles del largo proceso jurídico, cuando al fin pudo entrar en su casa encontró muebles y cuadros arrancados, suelo, cocina y baños destrozados, basura acumulada… Una visión tan desoladora que llenó de indignación e impotencia a este compatriota de 84 años al ver “el trabajo de toda la vida tirado por la borda”.
Los okupas no son personas desamparadas o excluidas, son delincuentes que causan alarma social no solo entre propietarios, también entre el vecindario porque no respetan las normas de convivencia. ¿Quién protege a estos usurpadores que actúan organizados en mafias o en solitario para saquear y extorsionar a los propietarios?
Hace pocos días, el pleno del Congreso prohibió cortar el rabo a los perros, una buena medida. ¿Por qué sus señorías no legislan con la misma diligencia para que se pueda desalojar a estos canallas en 24 horas? ¿Por qué se tolera –en algunas ciudades se ampara– que unos delincuentes entren, ocupen, roben y después destrocen una propiedad privada?
La legislación actual marca una frontera imprecisa que estos desalmados cruzan a su antojo y conveniencia y esa imprecisión y una justicia lenta dejan a los ciudadanos de bien desamparados, sin garantías jurídicas.
Por eso cada día son más los que piensan que la mejor manera de rescatar la propiedad okupada es actuar “al alba, con el viento de levante” con la ayuda del tractor y arados “adecuados” al caso. Como hizo don Ciprián, sabedor de la lentitud exasperante de la justicia y de la poca diligencia el Estado de Derecho.