El modelo autonómico

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En 2018 la Constitución de 1978 cumplirá cuatro décadas de vida, tiempo más que suficiente para reflexionar sobre un modelo de Estado, llamado autonómico o Estado de las Autonomías, que, como es lógico, precisa, tras cuarenta años, de impulsos y replanteamientos para que responda al mandato constitucional. Vaya por delante que el sistema de distribución territorial del poder diseñado en nuestra Carta Magna merece el más positivo de los juicios por cuanto ha posibilitado una razonable y creciente descntralización que ha permitido resolver en mejores condiciones las cuestiones colectivas más cerca de los ciudadanos..
En efecto, los ciudadanos, a través de la descentralización política y administrativa, cuándo se realiza con eficacia y al servicio del pueblo, participan realmente en el ejercicio del poder. Esta es la clave, que el sistema autonómico funcione al servicio de las personas, de todos los ciudadanos, que su organización y estructuración se plantee al servicio de la gente. En el Estado social y democrático de Derecho las instituciones están para atender con eficacia y racionalidad al pueblo, para trabajar al servicio objetivo de los intereses generales. Unos intereses que, en el caso de las Autonomías, son su razón de ser y se refieren a determinados aspectos de su realidad propia que, bajo el autogobierno y la autoadministración, contribuyen de manera soberana a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
El modelo autonómico, a punto de cumplir su cuarenta aniversario, requiere de una actualización, de una puesta al día. Es lógico, el tiempo pasa y es menester periódicamente revisar el funcionamiento de los modelos y de las instituciones. Su revisión debería haberse realizado antes, mucho antes. Por ejemplo, cuándo se reclamó con sentido de Estado y moderación la denominada Administración común, ordinaria o sincronizada, allá por la década de los noventa del siglo pasado. En efecto, por entonces se planteó, ni más ni menos, la adecuación del esqueleto, de la planta, de la estructura de las Comunidades Autónomas al modelo de Estado autonómico de forma que el aparato público estuviera más en consonancia con la mejor gestión de los intereses públicos de los Entes políticos territoriales. No se hizo caso a tal propuesta y el esqueleto y la planta de los Entes autonómicos replicaron mecánicamente el modelo estatal. Efectivamente, un modelo diseñado para estar cerca de la gente se convirtió con matices en un modelo burocrático, alejado de las personas e instalado en las estructuras, desde las que se optó, con un olvido sistemático de su fin propio, por la perpetuación en el poder de sus principales actores.
En aquellos años de finales del siglo pasado, bien lo recuerdo, se habló y se escribió no poco acerca de la racionalización del sistema autonómico. Por una razón, porque las Autonomías ya por entonces se lanzaron a una loca carrera por emular e imitar, también institucionalmente, al mismo Estado. Es la época en que se reproducen automáticamente todas y cada una de las instituciones que conforman la esencia misma del Estado, también las funciones consultivas y de control. Incluso los rótulos de las dependencias de los ejecutivos autonómicos no pocas veces coincidían con los del Estado. En otras palabras, por alguna razón no difícil de adivinar, desde luego no conectada con la racionalidad y la eficacia, menos aún con el servicio real a las personas, se prefirió levantar un complejo sistema estructural, oneroso donde los haya, que demandó el reclutamiento de miles y miles de personas, con sueldos más elevados, en términos generales, que los percibidos por el personal al servicio de la Administración del
En mi opinión, el modelo autonómico reclama un esfuerzo de racionalidad para el mejor cumplimiento de sus funciones. En este tiempo, se ha demostrado que la estructura del Estado-nación no es la más adecuada para su organización. La solución se encuentra, más bien, en buscar un modelo de organización propio, que no tiene que ser el mismo en todo el territorio. Ni mucho menos. Se trata de buscar, con inteligencia y sentido común, un modelo que permita el mejor ejercicio de políticas propias en el marco constitucional para atender de la mejor forma las peculiaridades o singularidades que conforman la propia identidad colectiva. Un modelo diseñado en función de las personas, de sus necesidades colectivas. Para eso es menester otra manera de aproximarse a la cuestión menos tecnoestructural y más vital, menos burocrática y más real. Más abierta a las necesidades reales de los ciudadanos, más comprometida con el mejor gobierno y con la mejor administración de los intereses públicos propios.
En este contexto, buena cosa sería analizar con rigor y seriedad el mapa competencial, también para introducir en el a los siempre preteridos Entes locales de cuya autonomía política no debiera dudarse. Tras casi cuarenta años de desarrollo constitucional parece claro que hay que emprender un camino de mayor claridad en esta materia. Mientras no se realice un esfuerzo de clarificación competencial, los supuestos de duplicación o triplicación de competencias seguirán campando a sus anchas. Y, obviamente, en este contexto, la duplicación o triplicación de órganos es una realidad, así como el aumento de gasto público que ocasionan estas disfunciones.
Como suele decirse, nunca es tarde si la dicha es buena. En épocas de crisis, hay que racionalizar y simplificar el modelo Tenemos una gran oportunidad de pensar un nuevo modelo de organización y estructura más eficaz, que piense más en los habitantes y en los intereses públicos propios y, sobre todo, que cueste menos. El modelo autonómico debe fundarse, en lo que atiende a su planta y estructura, sobre nuevos planteamientos. Los excesos del diferencialismo, también del unitarismo, deberían animar una reforma en profundidad del sistema, no para recentralizar competencias, sino para situar cada competencia donde mejor sirva a los intereses generales, donde sea más útil a los ciudadanos.
El perfeccionamiento y mejora del modelo autonómico debe ser pactado entre los partidos.

El modelo autonómico