Retroceso educativo

omado al pie de la letra, ya el propio título es engañoso: “ley por la que se modifica la ley orgánica 2/2006 de Educación”, o LOE, elaborada tras la llegada al poder de Rodríguez Zapatero. Y lo digo porque lo que en realidad pretende borrar del mapa  la LOMLOE o ley Celaá, cuyo trámite parlamentario se inició el miércoles en el Congreso,  son las reformas parciales  que la ley orgánica para la Mejora de la calidad educativa (LOMCE o más conocida como ley Wert)  introdujo a finales de 2013 en la norma socialista de  años atrás. 
Como bien se sabe, desde la restauración de la democracia y hasta dicho 2013 todas las leyes de la llamada arquitectura educativa  de carácter sistémico o de totalidad habían sido aprobadas en nuestro país bajo iniciativa socialista.  La única que logró saltar la barrera fue la LOCE o ley orgánica de Calidad de la educación, de la ministra Pilar del Castillo, aprobada en 2002 durante el segundo Gobierno de José María Aznar. Pero fue una norma de vida más teórica que real porque el mentado Rodríguez Zapatero se la cargó a las primeras de cambio.
Más larga, pero también más agitada vida ha tenido la ley Wert cuyos últimos vestigios todavía vigentes se apresta a derogar formalmente la LOMLOE del actual Ejecutivo. No creyó en ella ni el propio Partido Popular que con Mariano Rajoy en Moncloa la había promovido. En medio de una ofensiva general y sin treguas, ha vivido hasta el momento con los  sambenitos de la ley de los recortes y de las reválidas. Y así ha ido languideciendo sin remedio.
Se volverá, pues, a la típica ley educativa de inspiración socialista con toda la mochila ideológica que suele acompañarlas. Si acaso, más acentuada  porque  es más que de suponer  que Podemos dejará sentir la conocida tendencia estatalizadora e intervencionista de su divisa, a la que el PSOE de Pedro Sánchez y socios no harán muchos ascos.  
Será una ley  tramitada  en un momento inoportuno cual es este de la pospandemia que todavía inquieta. No ha pasado por el consultivo Consejo de Estado ni ha buscado con la oposición un mínimo consenso. Minimiza la exigencia y el esfuerzo escolar; la asignatura de Religión quedará sin valor académico; peligra la libertad de creación de centros, y los dedicados a la educación especial, por aquello de  cuestionables políticas inclusivas, tendrán sobre su cabeza el cierre en el plazo de diez años.
Malvivirán, si es que lo logran,  la escuela de iniciativa social y mayormente concertada y, en consecuencia,  el pluralismo y el derecho constitucional (artículo 27.3) que asiste a los  padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
No supondrá, en definitiva,  un gran avance en aspectos pedagógicos, sino más bien un retroceso al modelo 2006. Desafortunadamente, más de lo mismo.