El Poder Judicial en Venezuela

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El departamento de Estado de los EEUU, el imperio del mal para el chavismo y para quienes siguen las consignas del oficialismo a pies juntillas en Venezuela, recordaba el mes pasado algo bien sabido y bien experimentado por tantos miles y miles de venezolanos: los principales abusos perpetrados en el país contra los derechos humanos están relacionados con la corrupción, la politización de la justicia y las restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. No se respeta la independencia judicial ni se permite que los jueces actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico al ser sometidos a represalias y vejaciones de no seguir los dictados del oficialismo.
En 2010, conviene ahora recordarlo, laComisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)  alertaba, todavía en tiempos de Chávez, sobre lo que ahora es una evidencia clamorosa. En su informe, ya por entonces se  constataban algunos de los principales atentados a los derechos humanos  perpetrados a diario en la Venezuela chavista y se registraba la profunda politización del poder judicial. En efecto, el informe de la OEA reflejaba dos años atrás la sujeción del poder judicial al poder político. Desaparecieron, ya por entonces, las oposiciones a jueces y fiscales, que eran, y siguen siendo, nombrados de entre las personas afectas al régimen político.
Como sabemos, el Estado de Derecho descansa en el principio de juridicidad, en el principio del reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, y en el principio de la separación de los poderes. Sin un Poder Judicial independiente ni hay democracia ni Estado de Derecho, que son dos caras de la misma moneda.
En abril de 2014, Human Rights Watch constata las anomalías en la impartición de justicia. La reforma de 2004 del Tribunal Supremo ha conducido a Venezuela a ser, junto a Honduras, Ecuador y Nicaragua, uno de los países en los que la máxima instancia del poder judicial apenas enfrenta fallos adversos al régimen político imperante. A juicio del director para América de esta ONG, en Venezuela el Tribunal Supremo se ha convertido en un apéndice del Poder Ejecutivo y constituye uno de los ejemplos más burdos de falta de independencia del poder judicial en la región.  Este Tribunal, cabeza del Poder judicial en Venezuela, tiene facultades para nombrar y destituir a los jueces inferiores, con lo que ya saben a qué atenerse los integrantes de este Poder del Estado si quieren conservar su puesto de trabajo. El colmo de la situación lo encontramos en el discurso del magistrado del Tribunal Supremo Fernando Vegas Torrealba cuando afirmó sin tapujos que “el Poder Judicial venezolano está en el deber de dar su aporte para una eficaz ejecución, en el ámbito de su competencia, de la política del Estado que adelanta en Gobierno nacional...”. Sin comentarios.
Jaime Rodríguez-Arana es catedrático de
Derecho Administrativo. jra@udc.es

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