Asalto a RTVE

De hacer caso a testimonios de quienes la conocen, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, es mujer conciliadora,  dotada de un sentido ético de la vida y enemiga de banderías ideológicas. Consejera del ramo en el País Vasco entre 2009 y 2012, tuvo el coraje de poner allí en marcha una iniciativa que daría que hablar: víctimas de ETA acudirían a los colegios a ofrecer su testimonio. “Víctimas educadoras”: una lección ética que la juventud vasca –pensaba– no debía ignorar. 
Desde el punto de vista académico su mandato estuvo lastrado por el declive del sistema imperante; por los malos resultados que habrían de venir en las pruebas PISA, a pesar de ser aquélla la comunidad que con diferencia más invertía por alumno y la que registraba menor tasa de abandono. 
Habrá que ver cómo encaja ese su supuesto talante dialogante con los halcones del zapaterismo que ha incorporado –o le han incorporad– a su equipo directivo en el Ministerio y que no auguran mayores consensos. Echar a andar de nuevo el pacto educativo se vislumbra como imposible. Hay cuestiones y no menores como la enseñanza concertada por donde el PSOE ni ha pasado ni pasará. 
Desde luego lo que a la ministra no le encaja en absoluto es su función de portavoz del Gobierno. No tiene facilidad de palabra ni agilidad de respuesta. Aunque licenciada también en Derecho, su manejo del  vocabulario jurídico es manifiestamente mejorable. Y lleva muy verdes a las ruedas de prensa temas llamados a tener multipreguntas por parte de los informadores. 
Entre lo que ella misma se lió –excarcelación de La Manada– y lo que la liaron –decreto ley sobre RTVE– la comparecencia de la semana pasada fue caótica. Claro, que sobre esta última cuestión  hay que ser comprensivos con la ministra portavoz porque, entre otros extremos, caótico en sí mismo es en el fondo y en la forma el texto del asalto practicado por el Gobierno sobre Prado del Rey.
No se sabe si al final el PP recurrirá al Tribunal Constitucional, pero razones no le faltarían. Entre extremos y para empezar a hablar porque no se advierte en la cuestionable reforma de RTVE la necesidad “extraordinaria y urgente” que la Constitución requiere (artículo 86)  para dictar disposiciones con rango de decreto-ley. 
Desde luego, resulta admirable que quienes se opusieron a intervenir TV3 se hayan dado tanta prisa para hacerse con el control de RTVE modificando procedimientos legislativos en curso simplemente porque  Gobierno y socios no tenían control total sobre la cúpula directiva del ente público.  
Y me admira también que quienes hace nueve años regalaron la publicidad a las cadenas privadas y dejaron escuálida y sin capacidad de competencia a Radiotelevisión Española, hayan practicado ahora a costa de ésta y a modo de supuesta salvación un golpe de mano sin precedentes. 

Asalto a RTVE

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