salen de sus hogares, todas las semanas, en busca de alimentos, medicamentes, bonos para viajes o alguna ayuda económica para gastos extraordinarios. Estas familias acuden a alguna ONG o entidad social que las llevan ayudando desde hace décadas e incluso, a algunas de ellas, desde varias generaciones.
Estas entidades y organizaciones suplen las carencias y la falta de voluntad política de las diferentes administraciones públicas. Cierto es que para algunas personas esto solo es simple “caridad”, sin más, y poco recorrido tiene para ciertas familias que se acostumbran a malvivir en situaciones permanentes de vulnerabilidad y exclusión social.
Todos los responsables de estas entidades sociales saben que cada vez es más necesario que los gobernantes articulen políticas sociales actividad con campañas de información y sensibilización así como una búsqueda real de empleo, acompañadas de cursos de formación y capacitación profesional para que cualquier persona o los miembros de la familia puedan vivir con un mínimo de dignidad.
La cruda realidad es que la mayoría de nuestros políticos y gobernantes sólo se acuerdan de las familias humildes en épocas electorales con promesas que luego solo se quedan en eso y no llegan a materializar las medidas necesarias por falta de la necesaria valentía política.
Un país con más de 30.000 personas “sin techo”, viviendo en la calle mientras hay más de tres millones de viviendas vacías; con un 40% de paro juvenil; con más de tres millones de parados y con una importante tasa de riesgo de pobreza infantil, no puede esperar más tiempo para afrontar ésta triste realidad con medidas eficaces para cambiar estas situaciones injustas, inhumanas e ilegales que atentan contra los derechos fundamentales contemplados en la Constitución y contra los propios derechos humanos.