Los principios, algo a lo que de forma recurrente aluden los políticos para posicionarse, se establecen con la clara intención de llevarlos a la práctica. Es en sí misma la norma que alimenta la política, dejando al margen –claro está– a quien hace de ella una forma de lucro personal, que no es el caso que nos ocupa ni mucho menos. Solo que de los principios no solo se vive sino que su finalidad ha de ser la de propiciar cambios beneficiosos para el conjunto de la sociedad y, por lo tanto, como cuestión política, lo que los hace viables es el consenso, algo difícil de alcanzar como se sabe cuando ni tan siquiera media el diálogo o la mera interrogación sobre lo que piensan los demás, sea el socio de gobierno o la oposición. O, simplemente, la ciudadanía. Porque si a esta le preguntasen hasta dónde le interesa un cambio en el modelo de Estado cuando lo que le apremia son otras necesidades, la respuesta es fácil de, cuando menos, intuir. 
Está bien que el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, quiera hacer valer los principios de una formación, en este caso Esquerda Unida, que se define básica y esencialmente como republicana, pero en cualquier caso resulta difícil entender hasta qué punto es plausible hacer de los gestos un modo de acción política en una administración tan cercana como es la local. Y, sobre todo, deducir qué sentido tiene mantener una iniciativa como es la de someter a referéndum el actual modelo de Estado a sabiendas de que no va a prosperar.  Solo si lo que se pretende es transmitir la idea de que únicamente determinadas fuerzas políticas defienden la república como forma de gobierno para marcar distancias con el resto de las que componen la representación del pueblo, se puede comprender la propuesta del primer edil ferrolano. Le asiste el derecho a hacerlo y esa es una opción incuestionable. Como también la es la de quienes se oponen o quienes se abstienen –en este caso su socio de gobierno, el PSdeG de Beatriz Sestayo– y, por supuesto, la de que aquellos que la respaldan. Cuestión distinta, y no tan plausible, es centrar en dicho modelo de Estado la ya más que necesaria reforma de la Constitución, cuyos pasos deben abordar una actualización acorde con los cambios de la sociedad de este país en los últimos 35 años. Una reforma, en cualquier caso, imposible sin un consenso general de quienes nos representan. Y un precepto, este último, que como se ha visto no está incluido en la agenda de Suárez, que ha optado una vez más por los gestos y dejado al margen el sentido común, que es tanto como decir el práctico. Porque si a un político se le requiere algo es precisamente que sus acciones deriven en hechos reales, en este caso los más próximos, los que atañen a los problemas de, por ejemplo, los vecinos que desde sus casas pueden ver a diario, formando parte del paisaje urbano, su despacho.
Se puede argumentar también que, para que la reforma de la Constitución sea profunda y factible, es necesario previamente redefinir ese modelo de Estado, base al fin y al cabo de la Carta Magna española. Y se puede argumentar también que ese debate es necesario realizarlo desde la base, en este caso desde una administración local y periférica como es la ferrolana. Pero, para ello, no estaría de más tener al menos terminada una página de la voluminosa cartilla de deberes que le esperan a todo alcalde. La credibilidad en la acción política cercana es lo que se espera de un alcalde. Lo demás es, simplemente, política de principios.