Accionistas del Popular

a batalla en salvar el barco hundido de los accionistas del Banco Popular está en marcha, será dura y larga, las condiciones se dan para que todos puedan recuperar su inversión, de la cual fueron privados injustamente, por unas decisiones de parte y que no tenían que haberse tomado. Se pudo haber actuado de manera diferente, pero se optó por motivos oscuros y desconocidos por el que fue el más doliente. La viabilidad del banco no estaba en juego, sino su cambio de manos de forma interesada por motivos nada claros y que hasta el momento no se han explicado.
Nadie adquiere un papel en bolsa para a los pocos días quedarse sin valor. Tampoco es comprensible que tenga validez únicamente el adquirido en la última ampliación y no las anteriores, a la que muchos de los accionistas no acudieron por las pérdidas acumuladas del valor en sí . Pero tanto unos como otros tienen los mismos derechos, son accionistas del Popular, se les deben respetar sus derechos y no dejarlos en la estacada y cargar sobre sus espaldas el saneamiento y entrega de la entidad a otra empresa por cuestiones que solo el último presidente sabe y que sufren más de trescientos mil accionistas.
Los tribunales deben comenzar a investigar lo acontecido. Es la primera vez en cuarenta años de democracia que acontece semejante escándalo y todavía no se conocen los motivos. La cuestión es saber por qué. Y quienes alentaron esta situación de descalabro económico sobre una parte del entramado que suponía la económica del Popular y la decisión de airear la puntual falta de liquidez de dicha institución, si apenas unos días antes de semejante solución, las casas de tasación recomendaban la compra del banco como un valor seguro y que tendría que subir a futuro. Lo que tampoco nadie entiende es el motivo de la apuesta a la baja sufrida por los accionistas durante tanto tiempo. Hay gente que compró esas acciones a diez euros y otros incluso siguieron comprando a la baja para vender cuando subiesen, algo que no llegó a suceder, porque alguien tenía en su ánimo en dejar caer a dicha entidad y para ello se valió de la legislación de Bruselas y entregó a la JUR (Junta Única de Resolución) la decisión final.
En todo el proceso se mantuvo el silencio acusador de la decisión, sin contar con el visto bueno de los accionistas, que fueron los peor parados. La intervención del Estado para salvaguardar los derechos de los accionistas no se hizo y las consecuencias no se hicieron esperar: se declara la quiebra del Popular y se entrega la entidad al Santander por un euro simbólico. Este banco no es culpable de que se haya hecho cargo del Popular, mientras los tribunales no lleguen a una decisión de a quién pertenece la responsabilidad civil o penal.
Las noticias sobre el banco no hacen mención a la liquidez que era necesaria para salvarlo, después de la resolución de JUR. Lo que adolece de falta de transparencia y, por tanto, el escenario en que se halla es incorrecto el usado por el liquidador, pensando por ello que el informe no es imparcial. Las autoridades monetarias fallaron en su apreciación y con una línea de liquidez puntual que se propiciase, el Popular no hubiese tenido problema alguno y seguiría funcionando como siempre lo hizo, un banco seguro y de plena confianza.

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