se estaba echando en falta una mayor implicación de efectivos materiales y humanos disponibles en el sector privado de la sanidad, mientras se desbordaba el público. El desajuste está en vías de arreglo. Esos centros se han puesto a disposición de los poderes públicos en guerra contra el coronavirus.
Buena noticia. No se hubiera entendido que, hablando de medidas excepcionales y planes de choque, el impulso se hubiera frenado ante las sólidas almenas de la sanidad privada: 460 hospitales, 50.000 camas y 260.000 profesionales. Sus gestores se han puesto a disposición de las autoridades sanitarias.
Así ha de ser, por razones de utilidad pública y en nombre de los intereses generales. El día a día en el reparto de tareas se concertará con las consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas. Las grandes líneas irán en el plan de choque que el Gobierno consensuará este jueves en Moncloa con los agentes sociales (patronal y sindicatos).
Así decaen las acusaciones formuladas en medios sindicales hace unos días sobre la presunta indolencia del sector privado en la crisis del coronavirus. Habían alertado sobre un sistemático desvío de casos hacia el sistema público, al menos en Madrid. Pero está confirmado que los centros privados ya han empezado a asumir pacientes por coronavirus.
No ha sido necesario remitirse a los supuestos contemplados en los artículos 33 y 86 de la Constitución. Uno afecta a las razones de “utilidad pública e interés general” como límites del derecho a la propiedad privada. El otro, al uso del decreto-ley en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”.
Hubiera sido un motivo de debate en el cruce político Sánchez-Casado. Hubiéramos visto al presidente acusando al PP de debilitar el sector público durante los últimos años, pero tampoco me imagino al líder del PP exigiendo la “nacionalización” (temporal, por supuesto) de los centros privados. No olvidemos que su partido impulsó el crecimiento del sector (2002, Gobierno de Aznar), especialmente en la Comunidad de Madrid (33 hospitales públicos y 50 privados), precisamente el territorio más castigado por el Covi 19.
En plena ofensiva del virus no sería tolerable el desbordamiento del sistema público por largas estancias hospitalarias o sobrecarga en laboratorios, urgencias, centros de día, mientras hay recursos disponibles de camas, instalaciones, personal, en un sistema de seguros privados que no contempla las epidemias. Están excluidas en las pólizas contratadas con aseguradoras, cooperativas, mutualidades o, simplemente, empresas con ánimo de lucro que responden a una demanda creciente tras la desinversión y los recortes derivados de la última crisis económica.