Explotación infantil

La obligación de cualquier gobierno (municipal, provincial, autonómico, nacional o europeo) es proteger a los niños de todo tipo de explotación pero las noticias que se suceden cada día sobre decenas de casos de malos tratos así como de explotación económica y sexual de niños, ponen de manifiesto la pasividad de las autoridades gubernativas de muchos países, entre ellos el nuestro. 
En España hay unos 20.000 menores víctimas de explotación infantil que son obligados a prostituirse, mendigar o cometer delitos. Según una ONG internacional “un niño que mendiga en Viena o Madrid puede sacar cien euros al día, mientras que las niñas obligadas a prostituirse generan unas ganancias de entre 1.000 y 3.000 euros semanales”. 
Según datos de la Red Española contra la Trata de Personas, en nuestro país entre 40.000 y 50.000 mujeres y niñas son víctimas de la trata de seres humanos, procedentes de Marruecos, África subsahariana, países del Este, Brasíl y Centroamérica, principalmente, que son engañadas y traídas a España, donde hay una gran demanda, desgraciadamente. 
Las principales causas del trabajo en los menores esta en la marginación social y extrema pobreza, por presión de los padres así como por las redes de explotación infantil. Las diferentes administraciones públicas son las responsables en adoptar las medidas oportunas para corregir esas causas, apoyando a las familias con problemas, haciendo realidad la educación obligatoria, ejerciendo el control y la tutela sobre ciertos menores que son explotados por sus propios progenitores o familiares que deben ser llevados ante la justicia.    

Explotación infantil

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