Elecciones y empleo

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nfrascados como estamos en las enésimas elecciones generales, consecuencia de la incapacidad de la nueva generación de políticos adictos a redes sociales para llegar a acuerdos garantes de estabilidad institucional, aderezadas por el sempiterno conflicto catalán, poca atención prestamos al mayor problema de la sociedad española, el desempleo y sus consecuencias, que no por recurrentes son menos importantes.
Hace tres años, estábamos en una situación similar. Ya le vale, no nos lo merecemos y pareciera que nuestros políticos prestan poca atención a las encuestas oficiales que reiteran la preocupación social por la falta de empleo, en primer lugar, por la actuación de los políticos, a continuación, siguiéndoles los problemas económicos derivados del desempleo y la corrupción política de estos últimos años.
Pues bien, coincidiendo con la precampaña del 10-N se publicó la Encuesta de Población Activa que, a pesar de la mejoría del mercado laboral con casi veinte millones de afiliados a la Seguridad Social, faltaría más, todavía hay tres millones de personas sin trabajo y un millón de hogares, el 27% de ellos unipersonales, con todos sus miembros desempleados. Con este panorama, no es de extrañar que la mayor preocupación sea la dificultad de acceso al mercado laboral. Además, cuando se accede a él, en la mayor parte de los casos es de duración temporal.
Las medidas tomadas por los gobiernos de Rajoy, léase la reforma laboral y fiscal, la política industrial o la reducción de la actividad económica estatal pocos resultados dieron, más bien lo contrario. La precariedad laboral, la desigualdad social, el deterioro de las finanzas pública y de la seguridad social fueron consecuencia directa de aquellas decisiones.
Luego, la sentencia de la Gürtel que provocó la caída del gobierno popular y la falta de apoyo parlamentario para sacar los presupuestos de Sánchez impidieron la estabilidad política necesaria para revertir aquella situación. Ahora, se agrava por el problema catalán que, se quiera o no, afecta a toda España. 
Además, si las Comunidades Autónomas son las competentes en materia de sanidad, dependencia o educación, la falta de aprobación de una nueva ley de financiación autonómica les impide gozar de la estabilidad presupuestaria necesaria para garantizar unos servicios públicos eficientes. Lo sufrimos todos, pero en mayor los expulsados del mercado laboral.
A las puertas de la campaña electoral, me pregunto si nuestros políticos seguirán enrocados en debatir sobre si mismos o si levantarán la mirada hacia la gente. Veremos.
ramonveloso@ramonveloso.com

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