Desde que el PP bajo la batuta de Rajoy y con el apoyo de los nacionalistas de CiU aprobaron en el mes de marzo del 2012 la Reforma Laboral que, entre otras novedades, laminaba la representación sindical en los convenios de empresa, abarataba las indemnizaciones por despido y favorecía la precariedad salarial, no transcurrió día sin que el PSOE exigiera su retirada. De hecho, los socialistas fueron a las diversas citas electorales llevando en su programa la derogación de la controvertida ley. Era un compromiso que también hizo suyo Sánchez a lo largo de los cien mítines que dio recorriendo España. La última vez que reiteró dicho compromiso fue hace dos semanas, en el discurso de la moción de censura que propició la caída de Mariano Rajoy y la consecuente llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno.
Después, tras la formación del nuevo Gobierno era grande la expectación creada. Pero la alegría duró poco. Por boca de Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, de quien en razón de su encomienda era razonable esperar que diera los primeros pasos para cambiar la mencionada ley, hemos sabido que no habrá derogación. Los líderes de los sindicatos UGT y CC.OO. salieron de la primera reunión con el Presidente Sánchez con la convicción de que la cosa va para largo. “Reservón” es la palabra con la que califican la posición del Gobierno. Lo que es tanto como decir que no confían en que el PSOE pueda cumplir su promesa.
La ministra habla de “cambiar la metodología de trabajo” porque no se ven legislando por decreto. Lo que traducido quiere decir que han descubierto que sólo tienen 84 diputados y que no es lo mismo reclutar socios para desalojar a Rajoy de La Moncloa que conseguir apoyos para cambiar las leyes. Así las cosas, parece que de la euforia inicial el Gobierno pasa a apostar por el pragmatismo.
Como dejó dicho Lenin, los hechos son tenaces. La evidencia de la parvedad del apoyo parlamentario con el que cuenta el Gabinete ha llevado a Pedro Sánchez (que no es diputado) a pedir a tres de sus ministros que sí lo son (Margarita Robles, José Luis Ábalos y Meritxell Batet) que renuncien a su acta para que corra la lista y tres de los candidatos que se quedaron fuera ocupen sus escaños con el fin de que el PSOE no pierda un solo voto en razón de los compromisos y viajes ministeriales. Tal es la precariedad con la que se gobierna el Gobierno. O si se prefiere, tal es la cruda realidad.