¿Perpetua revisable?

El Parlamento central, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, acaba de aprobar lo que se ha venido en denominar la cadena perpetua revisable. La oposición ha votado en contra por entender, básica y esencialmente, que la ley vulnera uno de los principios básicos de la Justicia española, que contempla la reinserción como base consagrada por todo régimen político que se considere democrático. Como es bien sabido, esto último no constituye en sí mismo un fundamento único, sino sujeto a la acción indiscriminada de los países en los que existe tal figura. Sobrados ejemplos hay.
Sea como fuere, es evidente que la cadena perpetua constituye un retraso en el sistema penal de este país y que el hecho de que se contemple la capacidad de revisar su aplicación en función del grado tanto de interés del reo por recuperar la libertad como en consonancia con las más esenciales normas sociales ajenas a todo delito, permite introducir un elemento necesario a la hora de su aplicación. Los juristas y los profesionales del Derecho podrán extenderse con más argumentos, razonamientos y objeciones, pero también es cierto que la sociedad se encuentra, en demasiadas ocasiones, ante la máxima indefensión en el caso de delitos que superan toda capacidad de raciocinio. El homicidio, el asesinato, la violación, la pederastia, los abusos sexuales y de género –por citar solo algunos ejemplos– o todos ellos juntos, no cicatrizan ni en las víctimas ni en sus familias y allegados. No lo hacen en general en el conjunto de la sociedad, que de algún modo y en reiteradas ocasiones siempre ha mostrado tanto su repulsa hacia crímenes tan execrables como incomprensibles. Sucede de forma aislada, pero en reiterada en ocasiones, que delincuentes de los que se tiene la total constancia de su absoluto desinterés o carencia de esfuerzo por acoplarse al entorno, salen a la calle y vuelven a cometer, si no idénticos crímenes, puede que incluso peores. Sobran, lamentablemente, los ejemplos y el país es testigo permanente de ello. Desde el punto de vista político se puede comprender el rechazo a la cadena perpetua como elemento distorsionador de principios liberales y de modernidad, pero socialmente puede incluso ser un anhelo cumplido, sobre todo cuando se aprecia cómo la aplicación de la Justicia depende en exceso de la falta de interpretación por parte del jurista de elementos cruciales que eviten circunstancias y hechos como los mencionados. La moralidad y la ética nunca van precisamente de la mano.