No hace mucho una encuesta del CIS mostraba a los ciudadanos descontentos con la administración de la justicia. Eso fue  antes del aluvión de críticas a sus señorías de birrete y puñetas por rectificarse a sí mismo cargando a los clientes el impuesto de las hipotecas. 
Titulares como “Despropósito”,  y opiniones de caracterizados políticos pidiendo “renovación y reflexión a la justicia española”, unidos a sentencias que nos llegan desde el extranjero –la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por no dar un juicio justo a Otegi– o sentencia como la del caso de “Las cinco Jotas”.
Penas mínimas para siete directivos y empleados de banca “compinchados” en el delito, como se alarmaban desde un titular periodístico, el ya archiconocido el caso de “La Manada” o los tres años de cárcel a un joven que robó un bocadillo, por citar los más recientes –que vienen a sumarse a otro– pone en el fiel de la balanza y esta parece haberse inclinado con esta sentencia: el a perdedor de la crisis de las hipotecas es el propio Tribunal Supremo. 
Bajo el título de “Supremo ridículo”, Fernando Salgado escribe sobre el mismo asunto declarando que la impresión extendida entre la ciudadanía de que la banca siempre gana y el contribuyente siempre pierde, lo confirmó el Supremo. 
Y las críticas también llegan de jueces y fiscales. Alguna organización de estos profesionales pidió la dimisión en bloque. La decisión del Gobierno de reformar el impuesto de las hipotecas por decreto calma el temporal, pero desde las asociaciones de consumidores alertan sobre el  riesgo de que se encarezcan los préstamos. 
Llueve sobre mojado que diría el clásico, pues la prensa nos recuerda que en lo que va de año ha condenado a España por el trato degradante e inhumano a etarras detenidos; rectificó a la justicia española al considerar que quemar fotos del rey se enmarca dentro de la libertad de expresión y está pendiente el informe de dicho tribunal europeo sobre las devoluciones en caliente de migrantes. 
Las reacciones de los políticos son de manual: cada uno arrima el ascua a su sardina y, si puede, deja que la llama estropee la de su rival. Ahí están los portavoces del PP que en lugar de unirse a las reflexiones de muchos colectivos –desde asociaciones de juristas hasta sindicatos pasando por el resto de los partidos– carga contra los tribunales internacionales. Tienen que revisar el fiel de su balanza.