el escándalo en la Universidad Rey Juan Carlos no deja de crecer. Tras los másteres regalados a base de disculpar la presencia en unos estudios presenciales, modificar milagrosamente notas sin exámenes conocidos y otorgar títulos validando trabajos que nunca fueron presentados, vamos conociendo pormenores sobre un auténtico chiringuito que actuaba sin ningún control, no sólo a mayor gloria de estudiantes vip con proyección política sino a beneficio de los bolsillos de su artífice, Enrique Álvarez Conde, director de ese Instituto de Derecho Público ya clausurado.
Las noticias desveladas por la cadena SER documentan que él y su número dos, Laura Nuño, recibieron casi 200.000 euros en transferencias sin justificar. También aparecen en la contabilidad que investiga la policía pagos a familiares de Álvarez Conde y gastos personales de todo tipo, que desveló el diario El Independiente, que este hombre pagaba con la tarjeta del Instituto.
Todas estas irregularidades, que ya investiga la justicia, evidencian el grado de opacidad, de libertad y de impunidad con la que actuaba este individuo. De ellas deberá responder a título personal. Pero también dejan patente la dejadez de los órganos rectores de la Universidad Rey Juan Carlos, incapaces de controlar y auditar sus movimientos para detectar al menos una gota del inmenso mar de irregularidades que se estaban produciendo en ese rincón sin ley del campus universitario.
El exrector Pedro González Trevijano, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, no ha dicho una sola palabra desde que estalló el escándalo. Tampoco nadie le ha preguntado, al menos, sobre su dejadez a la hora de ejercer su responsabilidad in vigilando.