Bastaba con ver su cariacontecido semblante para concluir que el encuentro con el presidente del Gobierno de la nación, Mariano Rajoy, había terminado como el rosario de la aurora. No hacían falta ni ruedas de prensa ni comunicados oficiales. La cara del presidente autonómico catalán, Artur Mas, lo decía todo: el reclamado pacto fiscal no había sido posible. Ya se lo había adelantado de alguna manera el día anterior desde el Congreso de los Diputados: el concierto económico para Cataluña no es compatible con la Constitución española.

Pero ahí estaba el jueves pasado el presidente Mas en Moncloa reiterando su propuesta de un sistema de financiación especial y privilegiada para Cataluña. Es decir, lo que él camufla bajo la expresión de “pacto fiscal”. Lógicamente, la respuesta no podía ser otra que la negativa. Y no sólo porque el momento económico no sea el más adecuado para abordarlo, sino, sobre todo, porque no hay base legal ni título habilitante alguno para ello.

Ha dicho y repetido el presidente catalán que con el pacto fiscal se solucionarían los problemas financieros de la comunidad. Personalmente, no lo creo. Porque el problema de allí no radica tanto en el sistema en vigor, sino en una administración manifiestamente mejorable de los fondos disponibles.

Con los varios sistemas de financiación habidos, Cataluña nunca supo gastar menos de lo que ingresaba. Siempre incurrió en déficits. Hoy día, un veintitantos por ciento de la deuda autonómica total es catalán. Un porcentaje aún mayor de la deuda sanitaria es también catalán. Y así sucesivamente y no sólo en el ámbito de las Administraciones públicas.

Todos los Gobiernos que han pasado por el palacio de la plaza de Sant Jaume dejaron tiritando las arcas públicas. Cataluña es así y desde hace tiempo constituye una caja de gasto inagotable.

Como recordaba el comunicado oficial del Gobierno central sobre la reunión de Moncloa, el importe de las medidas de apoyo y asistencia financiera de las que se ha beneficiado a lo largo de este año la Generalidad catalana rondan los 11.000 millones de euros; o lo que es lo mismo 1 billón, 800 mil millones de pesetas.

Habrá que recordar finalmente que el actual sistema de financiación autonómica fue aprobado en su momento –año 2009– con el voto favorable de Cataluña en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; un sistema, como entonces se dijo, elaborado a “ritmo de sardana”; es decir, habiendo prestado especial atención a los intereses de Cataluña y en perjuicio de bastantes comunidades, como Galicia entre otras.

El presidente Rajoy ha adelantado su propósito de revisar el sistema para que entre en vigor en esta misma legislatura. Habrá reforma, sí, pero para todos. Como debe ser.