Recuerdo que no hace mucho, el ministro de Economía insistía en que en sus viajes por todo lo largo y ancho de este mundo, en los que se veía con sus colegas, periodistas o inversores, el asunto catalán no estaba en las conversaciones. La hipotética independencia de Cataluña no era un asunto que les preocupara, muy probablemente, porque la veían improbable. Cierto que las casas de calificación de deuda ya hace tiempo que dieron a la deuda catalana la calificación de bono basura y que Cataluña tiene los mercados cerrados. De ahí las apelaciones millonarias al FLA y al mecanismo de pago a proveedores, ideados por el Gobierno allá por 2012, cuando las cosas estaban realmente mal. De hecho, Cataluña es la comunidad autónoma que más dinero ha precisado de estos mecanismos para seguir funcionando. Hace tiempo que de no ser por estos mecanismos, en la práctica, Cataluña habría quebrado.
Ahora que Cataluña está otra vez en el centro de atención de todos, ahora que durante muchas horas se ha desafiado desde el Gobierno y el Parlamento catalán a las leyes del Estado y al Estado mismo, Cataluña vuelve a ser asunto de interés. La agencia de calificación Fitch dejó claro que, aunque ve poco verosímil que se llegue a la independencia, las tensiones con el Estado son peligrosas e incluso anuncia que de normalizarse la situación, podrían plantearse mejorar la calificación de la deuda catalana.
La otra gran preocupación es qué puede pasar con la inversión y la financiación. Como ha señalado economista Daniel Lacalle, Cataluña necesita pedir al mercado 18.000 millones al año y la pregunta es quién se los va a prestar, porque no lo van a comprar los ciudadanos catalanes, como ya se vio cuando hubo que renovar los famosos bonos patrióticos. Ni qué decir que un país inseguro jurídicamente y aislado difícilmente va a atraer inversión, que precisamente lo que más busca es la tranquilidad y seguridad legal. Son argumentos sólidos, solo algunos, que deberían hacer recapacitar a los presuntos sediciosos. Veremos.