La Asamblea General de la ONU proclamó el 9 de diciembre “Día Internacional contra la Corrupción” con el objetivo de sensibilizar, prevenir y combatir una lacra que se lleva cada año un billón de dólares en sobornos y 2,6 billones en otras formas de robo, que equivalen al 5 por cien del producto interior bruto mundial. 

La resolución de la ONU es de octubre de 2003 y coincide en el tiempo con la eclosión de los mayores casos de corrupción en España (la relación completa se puede ver en la página de internet “Corrupción en España”), lo que lleva a concluir una obviedad: la corrupción existe en nuestro país. 

La cuantifica un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas de hace un año. Señala que un mayor control de las instituciones atajaría la corrupción y España sumaría más de 10.000 millones -otros informes elevan la cifra- cada año al Producto Interior Bruto. Si se contabiliza el fraude de la economía sumergida y el fiscal, la cifra resultante de pérdida de riqueza nacional sería escandalosa.     

Pero ni con esto se puede decir que España sea un país corrupto en el que reine la impunidad. La inmensa mayoría de los políticos y empleados públicos –funcionarios, profesores, policías o sanitarios– son gente decente en el desempeño de sus funciones. Hasta ahora ningún ciudadano ha tenido que pagar una “mordida” por un trámite administrativo, por un servicio sanitario, para librarse de una multa, para influir en un juicio o falsificar un expediente académico. En España existe división de poderes y la justicia es lenta, pero funciona e impone las penas establecidas por la ley. 

Ahora bien, la gran debilidad de la lucha contra la corrupción está en que los corruptos condenados nunca devuelven un euro de lo robado. Cumplen unos meses o años en prisión –menos el convicto Jordi Pujol que sigue suelto– y cuando salen son tan ricos como cuando entraron. Esto es lo que no entienden los españoles que, con su sentido común, “sentencian” que la justicia debería obligar a los ladrones a devolver lo robado. 

Lo cierto es que este día instituido por la ONU debería servir para seguir combatiendo un problema que afecta a la vida política y económica de España, esquilma los ingresos públicos y es un impuesto indirecto que pagamos todos.  

Pero este año volvió a pasar sin pena ni gloria, incluso sin reseñas en los medios. ¿Quiere decir este olvido que no interesa resaltar la efeméride como elemento válido para regenerar la vida pública?