Parecía que no íbamos a ser llamados a las urnas hasta dentro de tres/cuatro años, con las autonómicas, municipales y europeas en perspectiva. Pero no. Tal como se sucediendo las cosas, con socios y no socios haciéndole la vida y –sobre todo– la gobernación imposibles a Mariano Rajoy, es de prever que a no tardar éste termine por disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones.
No es que en aras de lo políticamente correcto los partidos hayan  impuesto el improcedente jurídico de exigir la dimisión o entrega del acta a todo  cargo o representante público que resulte sin más investigado por la Justicia. Es esta una práctica que desvirtúa la presunción de inocencia y, sobre todo, el principio constitucional de que el diputado no está ligado por mandato imperativo alguno. 
Bien se sabe por lo demás, que no pocos de estos procedimientos terminan en nada ante los Tribunales, como se está comprobando  de nuevo con la trama coruñesa de la operación Pokemon. Pero no sólo es eso. Es que, además,  comienza a generalizarse el recurso de la reprobación. Y lo que es más grave, de la reprobación  con efectos prolongados fuera de tiempo y condición. 
La Constitución prevé sólo la responsabilidad solidaria del Gobierno y excluye, por tanto, la responsabilidad individual de sus miembros. Así pues, la reprobación –un mecanismo de exigencia individualizada que no está recogido en la ley fundamental– no pasa de ser un simple acto de control parlamentario que no provoca ipso iure la dimisión del ministro afectado y no tiene efectos jurídicos vinculantes.  En principio, tales  mociones son tan lícitas como condenadas al fracaso en condiciones de normalidad política. 
Pero, claro, no estamos en esas. Socios y no socios  del Gobierno están utilizando hoy día la reprobación con liberación prolongada de sus efectos. Como ciertos comprimidos. 
Y en un ámbito ajeno al Ejecutivo; esto es, contra un representante señalado en su día, pero que ya no es ministro, sino diputado. En definitiva, la están instrumentalizando como arma política de acoso al Ejecutivo y con la pretensión añadida de inhabilitar en la práctica de por vida al que fue titular de Interior, Fernández Díaz. 
Unos y otros han logrado apartarlo de la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso y pretenden hacer lo propio, si pueden, en cualquier otra eventual designación pública. Aunque se haya señalado de forma especial al PSOE, lo cierto es que todos los grandes grupos han incumplido los acuerdos previos sobre reparto de puestos.  
El acoso no ha hecho más que empezar. A este paso, con un Gobierno en minoría, con socios que no son de fiar y atado de pies y manos por una oposición que  no respeta ni los pactos firmados, la hipótesis de que la legislatura pudiera ser larga pierde fuerza a pasos agigantados.