De ayer a hoy, en España

on una ligereza en el análisis que sólo se acomoda al interés personal de quien lo propone, se  alude con frecuencia a la legitimidad de la Segunda República en España, en los días, las semanas, previas al mes de julio de 1936, como si aquel tiempo lo fuera de plena normalidad y ejemplar paz social y política, naturalmente ocultando la verdadera realidad cotidiana de aquellas fechas, que si ya con antecedentes de insurrección revolucionaria y asalto eficaz del poder a esos fines, por entonces, el clima de agitación en la calle y en los foros públicos tenía ya inequívocos gestos muy explícitos y del todo reconocibles.
Al caso, sea de recordar de modo tan testimonial como revelador, el resultado de las cruciales elecciones del mes de febrero, hoy ya con toda solvencia documental reconocidas como fraudulentas, tanto, que la coalición de izquierdas, sencillamente, no ganó. 
De otra parte, el discurso lenguaraz y provocador de Largo Caballero, tanto proclamando cuál era su objetivo revolucionario, y de paso su desafecto por la democracia formal, cuanto su frivolidad demagógica diciéndole a  media España, como mínimo, que si quería la guerra civil, por él, ningún inconveniente, dicho sea con un sentido de literalidad sólo aproximado pero con un espíritu esencial del todo certero. Y vaya, como última muestra, clamorosamente expresiva, el asesinato de Calvo Sotelo, sobre cuyas circunstancias alevosas a cuenta directa de la policía del Estado, guardias de asalto que lo eran por entonces, tuvo buen conocimiento y directa responsabilidad la jocunda personalidad, a ratos extravagante y sentimental, de Indalecio Prieto. Y bueno, la crónica del pistolerismo ejecutor a pie de calle, unos y otros, tiene en el período de febrero a julio del 36, en España, todo un alarde antológico, eso sí, amargo y premonitorio.
Viene todo esto a cuento, claro, porque el triste corolario acabó con Azaña pidiendo, tarde, muy a destiempo, y él tenía que saberlo, sobre todo él, cómo no, “paz, piedad y perdón”. Y es que los actos tienen consecuencias, y con tal motivo, sería Azaña una de las personalidades históricas relevantes con las que me gustaría hablar en trance de conciencia post mortem, y tengo convicción bastante de que habría de reconocerle un tono de soberbia más templada, un juicio más certero y ecuánime, una inteligencia más luminosa y clarividente, o sea, exenta de demagogias, su vicio más marcado y turbio. Y seguramente, podríamos recuperar al ateneísta más brillante, y hasta al escritor, esta vez con lectores, por contrariar en algo la centelleante consideración de Unamuno, advirtiendo del peligro potencial del Azaña político.
El fundamento moral de una sociedad ordenada y pulcra, jurídicamente sana, es el Derecho, que a su vez se asienta en la razón, la recta razón, y cuyo ejercicio tiene el imperativo deber de realizarse sin influencia ninguna de poderes públicos, cualesquiera puedan ser.
Y es ahora mismo, con un clima político en España enrarecido y preocupante, muy sobre todo a cuenta de un gobierno, cuya calificación de irresponsable explica, pero no completa, la realidad de cada día, sea de decir que es hoy, acaso como muy pocas veces en la exigencia de la Historia, la hora de la Justicia, la hora de los jueces y, por extensión consecuente, de las Instituciones honorables. El criterio, la inteligencia jurídica a favor del sujeto histórico que es España, la formalidad en rigor de la Ley que conforma el Estado, erguido y exigente, su prestigio como autoridad moral, y su defensa, insoslayable y rotunda, ante entidades menores, cualesquiera sean su carácter y funcionalidad, incluyendo naturalmente partidos políticos, más si cabe aquellos con expresa desafección del ordenamiento constitucional. Y atiéndase también, que no es asunto menor, por decoroso contraste de presencia, al atuendo y la solemnidad de las formas, exigiéndose fórmulas de promesa o juramento, uno y único, de inequívoca solvencia responsable ante la Ley, y descartando del todo la posibilidad de hacerlo “por imperativo legal”, esa gatera a favor de indeseables y sediciosos. Sea enteramente España, por la fuerza histórica del derecho.