Hemos tenido una semana cumplidita. El lunes ha pasado sin pena ni gloria, pero el martes eclipsó el día anterior. Salta la noticia de que el secretario de Estado de Hacienda y número dos del ministro Cristóbal Montoro, está siendo investigado por delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad de documento mercantil, malversación de caudales públicos continuados, cohecho y tráfico de influencias durante su etapa como alcalde de Jaén. Montoro calla sobre el tema y en el PP se alude a la presunción de inocencia. Nada nuevo bajo el sol. 
El martes sería más intenso: Eduardo Zaplana era detenido en Valencia por la Guardia Civil, acusado de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y contra la hacienda pública. La detención la realizan agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la denominada operación “Erial”. 
También han sido arrestados los hermanos Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía y ex conseller Juan Cotino. 
Las filas del PP ya no están prietas. Se apresuran a suspender en el partido a quien fue ministro de trabajo en el gobierno de Aznar. Y al día siguiente, miércoles, en el marco de esta operación surge la noticia de que está siendo investigado el yerno de Aznar por su posible participación en esta trama. 
El jueves, Zaplana entra en prisión y se hace pública la sentencia de la Gürtel donde la Audiencia Nacional condena a Bárcenas,  Correa, Crespo, Sepúlveda y otros tantos, hasta 29, a penas de prisión elevadas (muchos años, más de 20 por media), por diversos delitos, todos ellos dentro del pack completo de corrupción. 
La mayoría no saldrá de prisión hasta que cumplan los 70 años, que es el plazo máximo de permanencia,  salvo enfermedad grave o cualquier otra circunstancia excepcional. 
También se condena al  partido popular por financiación ilegal. Esta formación política tendrá que  devolver 245.492 euros, que es la cantidad que se ahorró en las campañas electorales de las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda en el año 2003, por actos sufragados por la red, según considera probado la sentencia. 
La condena al PP es como partícipe a título lucrativo: es decir, por haberse beneficiado de la trama con conocimiento de los hechos, salvo el voto particular de uno de los magistrados que declara que no conocían la actividad delictiva de la que procedían los fondos. Es una responsabilidad civil, no criminal. No se le podía condenar penalmente, esto es, por haber cometido un delito de financiación ilegal, porque hasta julio de 2015 el Código Penal no permitía tal castigo, y se trata de hechos anteriores.  Por lo tanto, al partido le queda pagar y listo. Pasemos un tupido velo. 
Tras un viernes de resaca, ha pasado la semana sin pena ni gloria. Una crónica divertidísima de un país que ha sido gobernado por ladrones y que afrontó una crisis.  Corrupción y chapuza han ido de la mano, sin que el partido del gobierno reconozca la más mínima realidad y siga, desesperadamente, intentando desviar la atención cada vez que uno de los suyos es pillado con el carrito del helado.  
En cualquier país con un mínimo de vergüenza democrática, este espectáculo no habría sido posible, no sólo por la presión de los medios, sino también por la propia opinión pública. Y tan responsables son los que están como los que los mantienen. 
El Partido Popular, por las razones que sean, véase avaricia, ausencia de valores o dejadez, está viciado en origen. Sin embargo,  carece de cualquier sentimiento de culpa o vergüenza. 
La culpa siempre es ajena, nunca propia, ni siquiera como decía Aguirre “in vigilando”. Han bajado o están bajando en las encuestas, pero no va con ellos porque piensan remontar. La vergüenza hace tiempo que la han perdido, pues cuando se miente y se hace bien siempre hay quien te crea. Es la cuadratura del círculo.   
Eso sí, de lo que no cabe  duda es de que, para el Partido Popular, esta ha sido una semana de pasión. 
Emma González es abogada.