a convocatoria de elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco el próximo 12 de julio no ha sorprendido en demasía pese a que es novedoso celebrar comicios en plena canícula y con parte del personal de vacaciones. Desde una perspectiva política la decisión tomada por el Lehendakari Urkullu y el presidente Núñez Feijóo se apoya en una lógica contundente: anticipan las elecciones que otros querrían celebrar en otoño para anticiparse a la crisis social y económica que nos está dejando ya la crisis sanitaria. Los gobernantes autonómicos saben traducir el análisis que el gobernador del Banco de España expuso en su reciente comparecencia en el Congreso. El horizonte de desastre económico es más que inquietante. En todo el país.
Si se generaliza la precariedad a la hora de llegar a fin de mes y las ayudas sociales no alcanzan para todos, el clima social se enrarecerá y el malestar tendrá reflejo en las calles. A juzgar por su situación actual ni Galicia ni el País Vasco serán las comunidades más golpeadas por el desplome económico que se anuncia, pero también les afectará. El malestar social que está incubando bajo el estado de Alarma que finalizará en puertas del mes de julio -si no se produce un repunte de contagios al finalizar el confinamiento- quizá encuentre alivio momentáneo durante los meses centrales del verano, pero no hace falta ser profeta para avizorar que se reavivará con la llegada del otoño. Fijar la fecha de las elecciones en septiembre habría sido tanto como correr el riesgo de que los ciudadanos en su condición de votantes pudieran canalizar el descontento en la primera ocasión que les ofrecían las urnas. Se empiezan a escuchar voces recordando lo que pasó hace diez años cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero bajó las pensiones, congeló el sueldo de los funcionarios y hubo recortes en el sector sanitario. Fue el Gobierno de España, pero al final todos sufrimos las consecuencias. Y ya se sabe lo que pasó poco después en noviembre de 2011 cuando hubo elecciones generales. En aquella ocasión el PSOE sufrió la mayor derrota de su historia y el PP con Mariano Rajoy consiguió 186 diputados, la mayoría absoluta en el Congreso. Las que se anuncian ahora son autonómicas, pero es sabido que las urnas las cargan los estados de ánimo de los votantes. Tal parece que al convocarlas el 12 de julio tanto Núñez Feijóo como Urkullu han querido limitar riesgos.