pese a las conclusiones que aporta el estudio del CIS sobre la intención de voto de los españoles en vísperas ya de celebrar elecciones dentro de diez días, todo está todavía abierto. Nada está decidido. Las encuestas del instituto que dirige José F. Tezanos se realizaron antes de la revuelta incendiaria que ha convertido a Cataluña en general y a Barcelona en particular en un problema político y de orden público de primera magnitud. Problema frente al que, hasta el momento, el Gobierno en funciones no ha dado con el registro adecuado para mandar a los futuros votantes catalanes y a los del resto de los españoles un mensaje de firmeza.

Desde que se publicó la sentencia contra los políticos condenados por sedición no ha pasado día sin que los grupos de separatistas más radicales hayan provocado disturbios. Algunos de violencia callejera nunca antes vista en España. Se han sucedido los asedios a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, los cortes de autopistas y del ferrocarril y hasta un intento de ocupación del aeropuerto de la capital catalana. A todo lo dicho se suma la desafiante convocatoria de huelga general planteada por los estudiantes universitarios más radicales que tras coaccionar a los rectores han conseguido que modifiquen las normas que rigen las evaluaciones finales de cada curso. La vergonzosa claudicación de los rectores, denunciada por cientos de profesores que no se han dejado amedrentar, es un síntoma de la degradación de la vida social en Cataluña. El fruto amargo propiciado por los instigadores del proceso separatista a cuya cabeza se encuentra Quim Torra, presidente de la Generalidad.

Frente a ese panorama que quiebra la convivencia pacífica de una sociedad avanzada como era la catalana antes de que los independentistas cruzaran la raya de la legalidad incitando a sus seguidores a la desobediencia y a los tumultos, ¿qué está haciendo el Gobierno que preside Pedro Sánchez? Muy poco. Observar, realizar declaraciones y dejar que pasen los días hasta llegar al 10 de Noviembre. No ha querido comprometerse explorando la posibilidad de remover a un presidente de la Generalidad que actúa como el primero de los activistas y no lo ha hecho para no perjudicar las expectativas electorales del PSC. Tengo para mí que los cálculos de los estrategas de La Moncloa pueden fallar a la hora de prever lo que van a decidir los miles de electores catalanes angustiados por el secuestro de la vida pública al que están sometidos, ni tampoco qué van a votar millones de electores del resto de España hartos de lo que sucede en Cataluña. Por eso digo que nada está decidido.