Se escribe agua, se lee democracia

Tanto Aeopas (la asociación de operadores públicos del agua en nuestro Estado) como Aqua Publica Europea (la organización que agrupa a la ciudades que gestionan el agua desde lo público como París, Milán, Bruselas o Berlín), junto con los sindicatos, los movimientos sociales europeos y las organizaciones de la sociedad civil hemos reivindicado, a través de la Iniciativa Ciudadana Europea por el derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano (ICE-Agua), que el agua sea un derecho humano y que se gestione como un servicio público y no como una mercancía. Fruto de esta reivindicación se recogieron y presentaron a la Comisión Europea unas 1.857.605 firmas, superando con creces el millón exigidas.
En España, al contrario que en muchos países europeos, los procesos de privatización se han acelerado a consecuencia de la crisis. A esto hay que añadir que en nuestro país no existe un órgano regulador para precios e inversiones. El canon concesional está viciando el sistema y desatando graves irregularidades ya que la cantidad que reciben los ayuntamientos por la “venta” de la gestión del agua no es reinvertida en el ciclo hidráulico y se dedica, en la mayoría de los casos, a enjuagar las finanzas municipales mientras son repercutidos en la tarifa a los ciudadanos sin que aparezca reflejado en la factura.
Vivimos una auténtica burbuja hídrica, las cifras hablan por sí mismas. En 1996, el 63% de la población española estaba abastecida por sociedades públicas. En 2005, el 52% mantenía el carácter público. Desde el 2010, los porcentajes se invierten: 47% público y 53% privada. El proceso privatizador se inicia, en la mayoría de los casos, sin debate, por la puerta trasera y a través del denominado modelo francés, basado en la pretendida colaboración público-privada. En concreto, se suelen promover empresas mixtas en las que las instituciones públicas conservan el 51% de las acciones, mientras el control efectivo del negocio lo ejercen los operadores privados, sobre la base de monopolizar la información, mediante cláusulas que les adjudica la competencia exclusiva, tanto sobre la gestión de esas empresas, como en materia de compras, contrataciones y subcontrataciones. 
Frente al modelo especulativo español el lector debe saber que a escala mundial sólo el 10% de las 400 ciudades más grandes del mundo son privadas; el 90% públicas. Las ciudades de todo el mundo están experimentando el fracaso de la privatización del agua. Acceso desigual, incremento del precio de las tarifas promesas rotas, obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de ganancias están impulsando a las municipalidades a retomar el control de este servicio esencial. La “remunicipalización” del agua es una tendencia nueva. Más de 100 ciudades han remunicipalizado el servicio en el mundo entre los años 2000-2014 y en todos los continentes. Existen ya muchos estudios que analizan la transición del abastecimiento privado de agua al público y todos destacan a París como un modelo de referencia. En la capital francesa el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron beneficios de 35 millones de euros. No están permitidos los cortes de agua para las familias que no puedan pagar, se han creado nuevos servicios y se ha logrado que haya una gestión más democrática y participativa, con personal, usuarios y asociaciones ciudadanas en el consejo de administración.
Por otro lado, opino que la bajada de tarifas o la eficiencia del servicio público no deben ser los únicos factores a la hora de decidir la reversión de una concesión. El modelo público debe de aportar valores. La accesibilidad y la garantía de servicio, el medio ambiente junto con la trasparencia y la participación pública de la gestión pública tienen que estar en la base del modelo ya que el agua no es una mercancía, sino un bien común y un derecho fundamental, además de elemento esencial para la vida. Para ello, es necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto  Social por el Agua Pública, en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social.
*Luis Babiano es gerente de Aeopas