La discreta, pero frecuente línea directa de comunicación  entre Rajoy y el presidente de la Gestora socialista, Javier Fernández, ha vuelto a dar sus frutos. En esta ocasión, con el principio de acuerdo a que han llegado para la renovación, a poder ser en la primera quincena de febrero, de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuya propuesta corresponde al Senado. 
Ahora,  primeros espadas de una y otra parte  barajan nombres y para así materializar el pacto. Ciudadanos ha optado por quedar al margen,  lo mismo que, aunque por motivos distintos,  los partidos nacionalistas e independentistas. Y con Podemos no se viene contando para grandes operaciones como la presente.  
Como bien se sabe, a partir de la reforma de 2007 los magistrados propuestos por la Cámara alta habrán de ser elegidos entre los candidatos presentados por los Parlamentos autonómicos. Hasta ahora, sólo cinco Cámaras regionales, entre ellas Galicia, han formalizado sus particulares ofertas. Es de suponer que las demás estarán esperando a que desde las respectivas cúpulas de partido les vayan llegando las oportunas sugerencias de nombres.
Dicen los enterados que el objetivo principal del Partido Popular  en esta negociación es que el TC quede configurado más o menos como está; es decir, con una clara mayoría  conservadora, con el propósito de que en ningún caso se altere la doctrina seguida hasta ahora por el alto tribunal,  que ha ido frenando una tras otra todas las iniciativas independentistas. Este será, sin duda, el conflicto político y jurídico de mayor alcance que seguirá teniendo sobre la mesa el TC como intérprete supremo que es de la Constitución. 
Se asegura también que el PP desearía al tiempo que el Constitucional siguiera sacando por unanimidad o con escasos votos particulares las sentencias de mayor relieve;  labor en la que se ha empeñado  de manera especial el todavía  presidente del Tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, cuya renovación toca porque vence su mandato como magistrado.   
Él mismo manifestaba hace unos semanas  que su objetivo principal había sido, desde que en junio de 2013 accedió al puesto, procurar que el Tribunal  no se fracturase y que las resoluciones se adoptaran por amplias mayorías o unanimidad. Algo así como unas sentencias pactadas o consensuadas en el seno de los propios magistrados, lo que para los profanos, y en decisiones de carácter jurídico,  suena un poco a forzado. 
Cuestión no menor en las conversaciones para cerrar el pacto es la relativa a la elección del nuevo presidente. A parte de su perfil profesional, el problema es que los dos grandes partidos no pueden garantizar quién será el designado. Elegido como habrá de ser por los magistrados en pleno y  en votación secreta, bien pueden muy bien éstos no atender las sugerencias que al respecto pudieran llegar de los partidos. No sería la primera vez que sucediese.