Tras meses de protestas por las calles y reuniones con diferentes grupos políticos y entidades sociales, los afectados por el cierre de los concesionarios Motorkar podrán obtener los vehículos que por derecho les pertenecen. Se trata del resultado de un gran esfuerzo conjunto entre todos los agentes implicados –perjudicados, abogados, partidos e incluso las propias compañías–, que incluso en los momentos en los que hasta la esperanza fallaba no se rindieron.
Opel, principal empresa concesionaria en los locales de Motorkar, se hará cargo de la situación, entregando todos los coches a los clientes y los correspondientes papeles a aquellos que los obtuvieron sin matricular. De acuerdo a la abogada de un nutrido grupo de perjudicados, Mar Basoa, la marca teutona decidió cambiar su posición inicial –se consideraba a sí misma ajena al conflicto al limitarse a vender los vehículos al concesionario–, gracias a la gran repercusión del caso, alcanzada por la sólida voluntad de un grupo de afectados que decidió no limitarse a esperar una solución fortuita.
De este modo, Opel comenzará a entregar los coches a lo largo del mes de agosto, estableciendo los últimos días del mes como fecha límite para ello. La operación tendrá lugar en el concesionario Motor Coruña, situado en la calle Pasteur de la capital provincial; el procedimiento será sencillo: se irán citando uno a uno a todos los perjudicados para explicar la situación de una manera más personal, a la vez que se les dará una fecha para poder recoger sus vehículos.
El gran problema existente en las negociaciones era la prenda sin desplazamiento establecida por la financiera Cetelem sobre todos los vehículos. Mediante esta garantía la compañía aseguraba su inversión, de modo que si Motorkar fallaba a la hora de pagar los coches pasarían a ser de su propiedad como pago. Era esta compañía quien efectuaba los pagos a Opel y, por ello, la acreedora preferente en caso de entrar en concurso. Por fortuna, la gran presión social conseguida gracias al tesón de los afectados y al compromiso de entidades políticas y del Instituto Galego de Consumo, sumadas a las propias demandas judiciales y el trabajo coordinado de los diferentes letrados, llevaron a estos tres agentes –Opel, Cetelem y Motorkar– a negociar una solución.
Por último, ayer mismo los perjudicados se reunieron a las seis de la tarde con la directora xeral de Consumo, Sol Vázquez, en el edificio administrativo de la Xunta de la Plaza de España de Ferrol para ultimar los detalles y los pasos finales de un periplo que les ha mantenido en vela durante los últimos meses. l