El mayordomo de Marina Castaño confirmó ayer ante el juez de instrucción 53 de Madrid, que le interrogó como imputado en la causa que investiga irregularidades en la Fundación Camilo José Cela, que desde el año 2004 hasta la actualidad ha realizado trabajos privados para la viuda del Nobel, a pesar de estar contratado durante varios años a través de la entidad, que ha sido rescatada con fondos públicos de la Xunta de Galicia.

En declaraciones a los medios al término de su declaración, el empleado de Castaño, Rubén Darío Vargas, aseguró: “He venido a decir la verdad. Quien siembra verdad recoge confianza”.

En el procedimiento se encuentran imputados, además del mayordomo, la viuda del Nobel y el exgerente de la Fundación Tomás Cavanna. Vargas confirmó las sospechas de la Fiscalía, que defiende que varios empleados figuraban como trabajadores de la entidad cultural, pero “en realidad prestaban sus servicios en actividades privadas del matrimonio Cela”. En el caso del mayordomo, lo hacía incluso en “el propio domicilio” madrileño de Castaño, decía el fiscal. El empleado -que respondió a todas las preguntas formuladas- también ratificó este extremo y ha dicho que continúa viviendo en esa casa y trabajando para la viuda de Nobel.

Así, concretó ante el juez que siempre ha trabajado en la vivienda que la mujer de Cela mantiene en la calle Alberca de Madrid donde realiza “todas las tareas que ella que le encarga” y que van desde labores como chofer o conductor hasta “ayudar” en la casa.

También precisó que su jefa regularizó su situación en España en 2005 y, desde entonces, cobra su nómina por transferencia bancaria. El dinero le era abonado en un primer momento por la Fundación Cela y luego por la empresa de la viuda del Nobel, Letra y Tinta. También dio detalles sobre algunas de sus labores como que suele llevar en coche a Castaño por toda España cuando tiene que acudir a algún acto.

En el escrito de la Fiscalía sobre este asunto, el Ministerio Público argumentó que el uso de subvenciones de la Fundación Cela para contratar a este personal y pagar sus salarios pese a que ejercían su trabajo en el ámbito privado “era una práctica habitual” desde hacía años.