La Dirección General de Política Energética y Minas ha asignado a la planta de Infinita Renovables en el puerto exterior de Ferrol las 300.000 toneladas de producción de biodiésel solicitadas en el procedimiento abierto en febrero para el cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes. Así, el organismo que dirige Jaime Suárez le otorga la totalidad de la capacidad instalada en Caneliñas.
La resolución, que tiene un carácter provisional –se han dado diez días de plazo para la presentación de alegaciones–, ha excluido sin embargo del proceso a las otras dos plantas radicadas en la comarca, Entabán Biocombustibles de Galicia, localizada también en la dársena exterior de Ferrol, y Biocarburantes Peninsulares, en el polígono industrial naronés de Río do Pozo, por, según figura en el texto, no haber cumplido los requisitos. En concreto, en el primer caso se rechaza la solicitud porque la declaración responsable pertinente no se ajusta a las condiciones, mientras que en el segundo no se ha presentado la subsanación ni se ha remitido la documentación reclamada.
La dirección de Infinita Renovables, que, como se recordará, tiene en Castellón la mayor planta de producción de biodiésel de España –una capacidad instalada de 600.000 toneladas, que también se han incluido en su totalidad en el cómputo general–, expresó ayer su “satisfacción” por este primer paso dado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pero recordó que todavía es pronto para hacer una valoración sobre las consecuencias de esta medida al no existir en la orden publicada concreción en lo relativo a los plazos para la resolución de las alegaciones ni del inicio de la producción, de la que solo se alude que no comenzará antes del 1 de enero próximo.
En ese sentido, cabe recordar que aproximadamente el 80% de la plantilla de Infinita Renovables, tanto de las instalaciones de Ferrol como de las de Castellón, está afectada por un expediente de regulación temporal de empleo, fruto, precisamente, de la incapacidad de competir en el mercado del biodiésel derivada de la competencia desleal de Argentina e Indonesia. Estos países, como se sabe –y así lo está investigando la propia Comisión Europea–, gravan en menor medida el producto final que la materia prima de la que se extrae, estrategia que les ha llevado a acaparar prácticamente el 90% del mercado español del biodiésel en 2012. n