El cierre del ejercicio económico de 2019 arroja unos resultados que se traducen en un porcentaje global de ejecución presupuestaria del 65,35%, una cifra que desciende notablemente si se analiza la inversión realizada el pasado año, que no alcanza el 20% –se queda en 19,66%–. Además, el Concello consigue contar con un remanente de tesorería de más de 13 millones y un superávit –diferencia entre ingresos y gastos– de 1,22 millones de euros.
Con estos datos, presentados en comisión pero sin contar todavía con el borrador de presupuestos para este ejercicio, el grupo municipal del BNG considera que la política económica municipal necesita “un cambio radical”.
El portavoz, Iván Rivas, asegura que “a xestión desenvolvida cada ano penaliza as necesidades de recuperación do ano seguinte”. Así, apunta, “canto menos gastamos nesta cidade, menos podemos gastar” y aunque eso asegura que es producto de la ley de estabilidad presupuestaria, considera que el gobierno algo puede hacer y entre estas decisiones está la de no desarrollar las políticas económicas en base a presupuestos prorrogados, como ocurre actualmente y ya pasó en 2019.
El BNG llama la atención sobre el hecho de que una ciudad como Ferrol si algo precisa es que “gasten nela” y no como se deja ver en estos resultados, en los que un Concello “con tantas necesidades ”incumpre a regra de gasto en 2,32 millones e ten un superávit de 1,22 millóns”.
Para el BNG se continúa en el camino del PP y FeC de reducir la deuda, cuando esta es del 19% y el límite legal está fijado en 110%. Para el BNG los préstamos tiene que tener por objetivo resolver problemas y hay que destinarlo a este fin, indicando que “pagar a amortización de débeda sen consecuencias prácticas evidencia que so se quere reducir o gasto público e incrementar o financieiro para beneficio das entidades bancarias”.
Con respecto a los ingresos, los nacionalistas aseguran que no se pueden reducir más porque ya son muy limitados, por lo que califica de “intolerable” que no se cobre el impuesto de construcciones especiales dependiente de la Autoridad Portuaria, que supone dejar de ingresar 610.000 euros por este impuesto de instalaciones del Puerto. Además, explica Rivas, mientras que a los vecinos se les cobra todos los meses el agua y se le imponen recibos de depuración con carácter retroactivo, a Emafesa no se le exige contraprestación por este servicio y así desde 2015.
Así, aseguró, 1,26 millones de euros del canon de 2019 no van a ser cobrados por el Concello.
En cuanto al préstamo para inversiones públicas de 2018, concluyó Rivas, sigue sin desarrollarse con los fines previstos en base a los proyectos que se incorporaron a los presupuestos.
Por eso, el BNG pide medidas tanto en gasto “decidindo que quere gastar e en que o quere gastar” como en ingresos. Y eso, concluyó, hay que hacerlo a través de un presupuesto municipal.