11º-18º
sábado | 20 abril | 2024
El Consello da Xunta aprobó el proyecto de ley de medidas urgentes de administración local, que trata de “resolver las dudas” que plantea la reciente norma nacional y adaptarla a las peculiaridades de Galicia, mientras que la nueva la ley gallega de administración local no se hará hasta que esté listo el nuevo modelo de financiación.
De ello informó el vicepresidente, Alfonso Rueda, que presidió la reunión semanal del ejecutivo por la visita del titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a México y Panamá, un viaje del que regresó ayer.
Además de la aprobación de esta norma que “interpreta” la nacional, Rueda informó de que se aplazará la elaboración de la ley de administración local gallega –la vigente data de 1989– hasta que se haya elaborado el nuevo modelo de financiación.
Igualmente, el vicepresidente de la Xunta descartó recurrir la reforma nacional, como demandan los grupos de oposición.
Tras el Consello, Rueda explicó que desde la entrada en vigor de la reforma estatal de administración local el Gobierno gallego había anunciado que su aplicación hacía necesario actuar en el plazo más corto posible para solucionar “los problemas prácticos y las dudas” que genera la norma de rango nacional en su aplicación.
Por tanto, la Xunta, ejerciendo las competencias que le otorga el Estatuto, y de acuerdo con la Fegamp, elaboró este proyecto legislativo, que prevé entre en vigor antes de mayo, y que consideró que es lo “más certero y lo más seguro y eficaz”.
Con este proyecto se quieren “despejar dudas” que estaban surgiendo y también establecer criterios para el “despliegue” de los servicios públicos en los Ayuntamientos gallegos y sus peculiaridades y se trata de evitar “disfunciones, interrupción de servicios o dudas sobre su financiación”, sostuvo.
Alfonso Rueda dijo que es preciso hacer una “transición ordenada” a una ley básica de régimen local estatal, que afecta a la prestación de los servicios.
Rueda detalló que esta ley urgente cuenta con únicamente once artículos y se busca regular el ejercicio por las entidades locales de “nuevas competencias”, distintas a las atribuidas como propias por la legislación del Estado, así como garantizar la continuidad de la prestación de servicios públicos que habían asumido los ayuntamientos.
Con esta ley, insistió, estarán “plenamente habilitados” los ayuntamientos para seguir ejerciendo competencias en áreas como igualdad, consumo, juventud o escuelas infantiles, y se resuelven dudas sobre las nuevas competencias y su prestación. n
