El Gobierno local ha decidido desentenderse de las iniciativas que tenía previstas para la antigua cárcel provincial como demuestra el hecho de que no haya intentado negociar la ampliación del período de cesión con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) –el organismo propietario–, que depende del Ministerio del Interior. Así lo denunció ayer la organización Proxecto Cárcere, que se ocupaba de la gestión de actividades en las instalaciones tras ganar un concurso y que se topó con la noticia casi por casualidad. 

Proxecto Cárcere denunció ayer que el Ayuntamiento no seguirá siendo el responsable del equipamiento penitenciario pegado a la Torre pese a que en el pasado desde María Pita se luchó por conseguir la cesión por parte del Estado. Con la actividad paralizada desde hace algunos meses, los responsables de la plataforma solicitaron por registro una solicitud de reunión con los concejales de Participación y Regeneración Urbana, Claudia Delso y Xiao Varela, respectivamente. 

Sin embargo, el día en que finalizaba el plazo que le habían dado al Ejecutivo municipal para dar una respuesta “sen ningunha outra información ou aviso precio” se les trasladó por vía telefónica que “o Concello decidira non prorrogar o seu convenio coa SIEP e que, polo tanto, o seu contrato con Proxecto Cárcere deixaba de ter validez”.

Según explican desde la organización, eran conscientes de que el acuerdo vigente vencía el 15 de enero pero denuncian que, a pesar de preguntar en varias ocasiones al Consistorio, el equipo del alcalde Xulio Ferreiro no había mostrado en ningún momento la intención de abandonar sus planes de aprovechamiento de la cárcel. 

Nunca se les explicó “como estaban as negociacións nin cal era a súa posición” y lo cierto es que la decisión unilateral ha supuesto dejar sin validez –a través del teléfono– un contrato entre la Administración local y Proxecto Cárcel que no terminaba hasta el próximo mes de junio. 

“Difícilmente pode haber colaboración entre o Concello e unha asociación cando o primeiro nega información sistemáticamente e sen razón algunha e impide o diálogo”, lamentaron los miembros. 

Proceso judicial y obras
La puesta en marcha de acciones en la prisión no ha estado exenta de polémica en ningún momento. De hecho, la coincidencia de algunas personas en la plataforma y el Gobierno local hizo que surgiesen las suspicacias y que el grupo municipal del PP denunciase la resolución del concurso público por supuesta prevaricación. 

Hace escasas semanas se produjeron novedades en este proceso judicial pues la Justicia llamó a declarar a la concejala de Participación e Innovación Democrática, Claudia Delso, como investigada por la cesión de usos. La edil tendrá que comparecer en el Juzgado de Instrucción Número 8 el próximo 1 de marzo.

Las obras para habilitar algunas estancias también generaron malestar porque se consideró que 300.000 euros era poco y, pese a todo, ni siquiera llegaron a ejecutarse al completo, según recalca n desde la ya exconcesionaria.