Los funcionarios de Justicia de Ferrol se unirán a la huelga del 1 y 3 de diciembre en Galicia

Trabajadores de los juzgados de Ferrol se reunieron ayer en una asamblea promovida por la plataforma sindical | d. alexandre

La nuevo plataforma sindical del sector judicial integrada por SPJ, USO, CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO mantuvo ayer en Ferrol una asamblea con funcionarios de Justicia para explicar las medidas de presión que se pretenden llevar a cabo en noviembre y diciembre si no existe acuerdo con la Xunta sobre las condiciones laborales y salariales que reclaman.
La portavoz de la mesa sectorial de Justicia, Raquel Estévez, trasladó ayer a los interesados las principales demandas que pondrán sobre la mesa de la Dirección Xeral de Xustiza. Entre ellas, el pago del “complemento autonómico transitorio”, que ha supuesto para estos profesionales de las justicia “importantes y brutales retenciones a lo largo de los últimos cuatro años” y que, según la representante sindical, llegan a “los 10.000 euros a los médicos forenses, 5.000 al cuerpo de gestión, 3.880 al cuerpo de tramitación y 3.440 al cuerpo de auxilio”.

Falta de medios humanos
Otro de los principales problemas que ven los sindicatos es la eliminación de plazas, que calculan en 106 desde 2013, con el aumento de carga de trabajo que implica y los problemas a la hora de ejecutar sentencias.
Además esto lleva aparejado dos problemas: por un lado que los refuerzos “hayan perdido su carácter coyuntural” y se estén utilizando para cubrir plazas sin hacerlas fijas, “en algunos casos desde hace 15 años”, explicó la portavoz de esta plataforma. El otro es que se realizan más sustituciones de las “normales” y no siempre retribuidas debidamente. Así, explican que cuando se realiza el trabajo de un cuerpo superior no se abonan las cantidades correspondientes a esas tareas y categorías. “Con esto la Xunta se está ahorrando un montón de dinero a costa de que les hagamos el trabajo más barato o gratis”, denunciaron ayer en los responsables de la plataforma en Ferrol.
Por eso llevarán a cabo varias medidas de presión. La primera de ellas será una concentración el 16 de noviembre como paso previo a dos jornadas de huelga, convocada los días 1 y 13 de diciembre. Este paro, que afecta a todos los profesionales excepto jueces y fiscales, se convertirá en indefinido a finales de enero “si no se avanza en las negociaciones”, que ahora mismo son inexistentes.
Para cancelar la convocatoria de huelga exigen que el Gobierno autonómico “ponga una oferta firme tanto sobre la reducción de personal como vinculada a las pérdidas económicas” de los trabajadores, que dicen sentirse discriminados”. l

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