Bruselas recibe unas 12.000 quejas de afectados por la resolución del Popular

Bruselas recibe unas 12.000 quejas de afectados por la resolución del Popular
Los afectados podrán remitir su opinión a través de una plataforma electrónica durante un período de tres semanas | archivo ec


La JUR abrirá el próximo 6 de noviembre el plazo para que los bonistas y accionistas del Popular puedan remitirle su opinión y argumentos sobre su decisión preliminar de no compensarlos por la operación.


La presidenta de la JUR, Elke Konig, anunció ayer durante la conferencia anual de la agencia que han recibido “12.000 expresiones de interés” por parte de afectados que desean pronunciarse durante la fase de registro, que se abrió el 6 de agosto y terminó el 14 de septiembre.

La segunda fase, en la que aquellos que hayan sido consideradas elegibles podrán remitir su opinión por escrito a través de una plataforma electrónica, “se abrirá el 6 de noviembre y durará tres semanas”, indicó Konig. La presidenta de la JUR no precisó, sin embargo, qué proporción de los 12.000 registrados ha sido considerado elegible y podrá dar su opinión. Explicó que hasta 300.000 individuos o entidades que se vieron afectados por la decisión podían presentar sus quejas o puntos de vista, frente a los 12.000 que lo han hecho.

Añadió que algunos de los registros fueron efectuados por asociaciones o bufetes de abogados que representan a los afectados. Además, Konig aseguró que la operación del Popular fue “un éxito”, pues, según declaró, la alternativa a la resolución habría sido que la entidad se hubiera visto obligada a cerrar sus puertas y a declararse insolvente.

“Éxito”
“La resolución para mí fue un éxito, nada que celebrar, pero fue un éxito porque preservó el funcionamiento del banco”, dijo Konig, y subrayó que la entidad abrió un día después, ninguno de sus depósitos se vio afectado y su capacidad de conceder préstamos no se vio afectada. También señaló que no hubo ningún contagio al sistema financiero ni a los bonos del Gobierno.

La JUR anunció el 6 de agosto que ha decidido de forma preliminar que no se requiere conceder compensación a los accionistas y acreedores afectados por la resolución del Banco Popular, puesto que el último informe sobre la operación revelaba que hubiesen perdido más en un proceso de insolvencia al uso.

En concreto, según la versión no confidencial del informe, los clientes con depósitos de más de 100.000 euros habrían perdido en el escenario más desfavorable un total de 14.000 millones de euros si se hubiese elegido una liquidación al uso en lugar de la resolución, que solo generó pérdidas a accionistas y tenedores de deuda subordinada.


La JUR ordenó en junio de 2016 la resolución del Banco Popular, que se saldó con su venta al Santander por un euro y la amortización a cero de acciones y deuda subordinada, una operación que ha sido recurrida ante los tribunales españoles y europeos por quienes sufrieron pérdidas.

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