El programa Reindus, que en la convocatoria de 2019 había reservado 400 millones de euros para el apoyo financiero a la inversión industrial, vuelve a pasar de largo por las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. A diferencia de lo que se había anunciado al cierre del plazo de presentación de solicitudes –en el que también figuraba un proyecto para Narón–, la resolución provisional publicada por el Ministerio del Industria, Comercio y Turismo recoge una sola propuesta, la de Biomasa Forestal, en As Pontes, pero ha sido desestimada no solo en su primer corte, sino también en la propuesta de resolución definitiva tras el periodo de alegaciones. La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y la declaración del estado de alarma han suspendido los procedimientos administrativos, entre los que se encuentra la publicación definitiva, ya elaborada por el comité de valoración y difundida a título meramente informativo, sin implicaciones legales.  
Así, sin más opciones que las de, en el caso de no estar de acuerdo con la resolución definitiva –que agota la vía administrativa– el recurso de reposición, este es el segundo año consecutivo en el que ningún proyecto industrial de las comarcas se beneficia de estos préstamos de bajo interés que concede el departamento.

Es cierto, no obstante, que al menos en este ejercicio se ha presentado alguna idea, a diferencia de la convocatoria de 2018, en la que ni siquiera despertó el interés de ningún grupo empresarial local o foráneo para la implantación de una nueva iniciativa corporativa o para la ampliación de una línea de producción en una planta o fábrica ya existente.

Criterio de territorialidad 
Los cambios introducidos por el Gobierno en las dos últimas convocatorias han desincentivado aún más el ya de por sí escaso interés del sector empresarial en este tipo de iniciativas, muy discreto desde hace varios años, en concreto desde 2013, cuando comenzaron a endurecerse las condiciones, en parte por el fracaso de algunos de los proyectos “estrella” de los ejercicios previos, con sonados cierres o, incluso, en algunos casos sin ni tan siquiera haber abierto sus puertas pese a disfrutar de ayudas a fondo perdido, algo que ahora no sucede. 

Hasta 2017 se mantuvo el criterio de territorialidad, que priorizaba inversiones en zonas que durante las últimas décadas habían perdido peso industrial por diferentes motivos –en el caso de Ferrol por las sucesivas reconversiones del sector naval–. Eso significaba que el Gobierno destinaba, al menos, una cantidad fija de 45,7 millones en préstamos blandos, a un interés generalmente más bajo que el que podía obtenerse en la banca privada, pero esta medida en ningún caso atrajo el interés de más de una empresa en cada convocatoria. Casualmente, todas ellas, están relacionadas con el sector de la madera, incluso la que este año no ha obtenido la financiación. 

La experiencia de los últimos años aconseja la introducción de cambios, como desde hace tiempo llevan defendiendo el empresariado y los sindicatos. Las últimas mudanzas legales y técnicas no han sido útiles –este año, préstamos de hasta el 75% del presupuesto financiable a un interés fijo del 1% durante toda la vida del préstamo, de diez años, los tres primeros de carencia–, si bien es cierto que a lo largo de las convocatorias de la década del 2000 hubo cierta laxitud por parte de la Administración y mucha picaresca entre los “cazasubvenciones”. Con todo, algún término medio debe de haber entre las 26 solicitudes de 2012 y las cero del año pasado.