El derribo de la parte del edificio de O Penso, en Cabanas, que incumple la legislación urbanística puede ser menos inminente de lo que se creía si la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia atiende la adopción de medida cautelarísima que solicitarán hoy los afectados. Se le pide al juzgado que paralice de forma provisional  cualquier actuación en el inmueble que podría ser irreversible mientras no se decida sobre cuestiones técnicas relativas a la seguridad y otras relacionadas con las compensaciones a los vecinos. El TSXG tiene por ley un plazo de dos días para contestar y se espera un dictamen favorable debido a los daños irreparables que se pueden causar si se sigue adelante mientras no estén todas las alegaciones resueltas, máxime tratándose del derecho a la vivienda.
Las alegaciones sobre el derribo siguen los argumentos del escrito que se presentó la pasada semana en el Concello de Cabanas. Se pone en entredicho la seguridad del proyecto de demolición de las plantas cuarta y quinta, que son las que superan la altura exigida. Los vecinos del edificio creen que no se ajusta a lo establecido en la sentencia, puesto que el cuarto nivel no se eliminará sino que se convertirá en un bajo cubierta con unas dimensiones que incumplirían las normas de habitabilidad. También refieren falta de seguridad puesto que la planta tercera tendrá que ser apuntalada pero sus inquilinos deberán seguir viviendo allí; se quejan del bajo presupuesto de la obra, en lo que consideran una baja temeraria; y denuncian también la elección del periodo invernal para llevar a cabo una demolición que lleva años pendiente.
En el aspecto económico los habitantes de O Penso consideran que no debe realizarse derribo alguno mientras no se ofrezca una vivienda alternativa o se garantice una compensación económica.
Los inquilinos directamente afectados siguen viviendo en sus casas y allí seguirán mientras no haya una orden judicial que obligue al desalojo, ya que el Concello no tiene competencia para hacerlo.
Desde el gobierno local se informó en días pasados que está abierto el expediente administrativo para abonar las indemnizaciones a los afectados. Las obras de demolición iban a ejecutarse pasadas las Navidades. El plan incluye una primera fase, con un plazo de ejecución de ocho meses, que consiste en la retirada del ascensor.