La firma, en la madrugada del ayer, del V Convenio marco del grupo Endesa con el único respaldo, por la parte social, de UGT ha provocado un cisma en los sindicatos que se venía palpando desde hace meses en un creciente clima de desconfianza.

La rúbrica del nuevo texto se produjo apenas unas horas después de que se hiciera público el contenido del laudo arbitral dictado por el que fuera ministro de Trabajo en los años 1999 y 2000, Manuel Pimentel. UGT, el sindicato mayoritario en el comité de empresa, manifestaba su apoyo al documento “por responsabilidad”, al tiempo que consideraba que “con la sólida defensa y argumentación que hemos aportado en las reuniones mantenidas con el árbitro, hemos logrado, en gran medida, el respaldo de nuestra posición”.

La recuperación de la bonificación de la tarifa eléctrica para los pasivos o el compromiso de que durante la vigencia de este quinto convenio marco –hasta finales de 2023– no se produciría ningún despido por razones de organización, fueron dos de los argumentos esgrimidos por la central ugetista en su defensa del laudo y, en consecuencia, también del convenio. 

En la tarde del miércoles, CCOO emitió un comunicado en el que pedía a UGT que no firmara el convenio “por ser gravemente lesivo para los intereses del conjunto de la plantilla”. En concreto, decía que el texto “consuma la destrucción del modelo de relaciones laborales de Endesa y nuestros principios básicos de negociación” y señalaba a “Endesa y los accionistas” como los “principales ganadores” del proceso negociador porque les permitirá “incrementar sus ya suculentos dividendos”. 

CCOO explica que, además de aspectos salariales y la “brecha” entre el IV y el V Convenio, se “eliminan beneficios sociales” y la modificación de la tarifa del empleado, redactada, sostiene, de una manera “lamentable y engañosa”, son algunos de los aspectos más perjudiciales de la nueva regulación laboral del grupo Endesa. “La realidad es que se han perdido todos los beneficios sociales de los trabajadores con convenio de origen y que la empresa se ahorra toda la bolsa social generada por estos beneficios en una pequeña ayuda de estudios, de la cual de la cual no se beneficiará toda la plantilla”, apunta la central. 

Menos
En el caso concreto de las ayudas al estudio, se establece una máxima de 400 euros anuales para todos los trabajadores activos y prejubilados –los pasivos quedarían, por lo tanto, fuera del acuerdo–, cuando hasta ahora la compañía venía asumiendo el 60% del coste de los estudios de los hijos e hijas de sus empleados de la central térmica de As Pontes. 

Las centrales CCOO, UGT, CIG, SIE y Apren han convocado una asamblea el próximo miércoles a las cinco para hablar sobre el convenio y el arbitraje en la carpa del colegio Santa María.