La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borrás, contradijo ayer el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y afirmó que “no ha habido fraccionamiento” de contratos.

La Sindicatura de Cuentas, órgano fiscalizador externo de la gestión económica del sector público de Cataluña, publicó ayer un informe sobre la ILC que, al analizar contratos menores del período 2016-2018, detecta que “en cinco de estos casos hay una reiteración del objeto de los contratos”, por lo que “se incumplieron” dos artículos de la ley de contratación del sector público y, “en consecuencia, hubo un fraccionamiento de contratos”.

En diciembre, el Tribunal Supremo acordó abrir un procedimiento a Borrás por presuntas irregularidades en la adjudicación a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, entre 2013 y 2017.

En la investigación abierta por la justicia se habla de una presunta adjudicación irregular de contratos a Isaías Herrero, un programador informático amigo de Borrás, y entre los contratos menores con reiteración del objeto detectados por la Sindicatura aparecen las siglas I.H.F. para identificar a uno de los cinco adjudicatarios del mismo.

En declaraciones a TV3, Borrás, que dejó de ser “directora de la ILC el 17 de enero de 2018”, expresó su extrañeza por el hecho de que un informe de la Sindicatura sobre el ejercicio de 2018 “tire hacia atrás” y revise contratos de 2016.

Aun así, negó que el informe de la Sindicatura la ponga en más aprietos ante la justicia. “Al contrario, lo que ratifica este informe es justamente que no hay fraccionamiento”. Asimismo, explicó que su abogado piensa “trasladar” este informe de la Sindicatura al Supremo, porque “justamente lo que pone de manifiesto es que estos contratos que están siendo investigados no constituyen ningún tipo de delito”.

Gonzalo Boye, abogado de Borràs, anunció que esgrimirá ese informe como prueba en la causa que el Supremo tiene abierta contra ella, pendiente de que el Congreso tramite el suplicatorio.

Según Boye, el informe de la Sindicatura “acredita que Borrás no ha cometido delito” y, además, es una auditoría basada en una ley vigente desde 2018 que se aplica a contratos adjudicados entre 2016 y 2017, “en todo caso nunca calificándolos de delictivos”. l