Los sindicatos de justicia de Ferrol han aumentado en los últimos meses el tono de sus denuncias por la cantidad de papel acumulado en las dependencias judiciales de procedimientos antiguos. Aunque la Dirección Xeral de Xustiza tiene en marcha un plan de expurgo para descongestionar los archivos, los trabajadores insisten en que no hay medios para hacer frente al volumen de documentos que se apilan en despachos y oficinas una vez completados los sótanos.

En 2015, ante estos problemas de saturación de los depósitos del Archivo Común de los juzgados de Ferrol, la Xunta comenzó a trasladar la documentación a diferentes locales de A Coruña, moviendo hasta la fecha 2.380 cajas. A mayores, con carácter previo al traslado a las sedes de A Coruña, el ejecutivo autonómico aprobó el traslado al archivo del Juzgado de Ortigueira de los legajos antiguos del registro civil de Ferrol y del extinto juzgado de distrito.

Desde la Dirección Xeral de Xustiza aseguran que, a excepción del juzgado de lo contencioso número 1, ninguno de los juzgados de Ferrol se ha dado de alta en la aplicación para proceder al plan de expurgo. Los juzgados argumentan que desde la Xunta no se les dota de personal extra para realizar esta tarea y consideran inviable realizarlo debido a la carga de trabajo, ya que los juzgados cuentan, según explican, con un único auxilio judicial (agente) que ha de ocuparse de la sala, el correo y las videoconferencias.

Servicio externo
La Xunta insiste en que “se considera prioritaria la eliminación de los expedientes de juicios de faltas en los juzgados de instrucción” y por ello, avanzan desde el departamento de justicia, se está tramitando una contratación para actuar en los depósitos y ordenar documentación en los mismos. “Desde la propia Sala de Gobierno se está en contacto con los decanos para tratar de afrontar debidamente este tipo de situaciones”, explican.

Además, otra de las medidas acometidas por la Dirección Xeral de Xustiza fue el expurgo de las piezas de convicción –objetos relacionados con procedimientos penales–. Esta labor se está llevando a cabo a través de una contratación externa, eliminándose hasta el momento más de 3 toneladas de piezas.

“Las que no están identificadas y muy deterioradas, con autorización del fiscal y juez decano se destruyen, pero se hace una foto y se relaciona dicha pieza con el número de la hora en que se realizó dicha foto en un inventario de piezas”, explican desde la Dirección Xeral. Con las que están identificadas pero sin poder asignar a un juzgado, se hace un inventario entregándose a los juzgados para que estos puedan reclamar en su propiedad o su destrucción. Por otra parte, las que todavía están pendientes de la identificación del Juzgado al que pertenece, se colocan en cajas de plástico enumeradas y ordenadas en las baldas. Con una relación de número de balda, caja y número de pieza que contiene cada una..