“Hay que denunciar”. El subdirector de Inspección de Servicios Sociais de la Xunta, Fernando González, lo tiene claro. Para que pueda haber un control óptimo sobre los centros sociales es preciso que todo aquel que conozca posibles irregularidades en los centros geriátricos de la comunidad –la Administración gallega tiene competencias para inspeccionarlos todos– debe comunicarlo.

“Y con la mayor precisión y documentación posible”, asegura, en declaraciones a Europa Press, antes de remarcar que las denuncias “se tramitan todas y siempre que es preciso se va al centro”. “Nunca se avisa”, remarcó, antes de subrayar que, al margen de las visitas de oficio, gran parte de los expedientes iniciados surgen de denuncias, ya sea de familiares usuarios, personal o representantes de los trabajadores.

En todo caso, conscientes de que Galicia “envejece” y con el fin de mejorar el control, el plan de inspección de la Xunta para 2020 contempla hacer 550 inspecciones, un 40% más que en 2019. Entre sus objetivos está revisar el 65% de las residencias de mayores, el 35% de los centros de día de mayores y de las residencias de discapacidad, y el 30% de centros de día de discapacidad.

También verificar la correcta puesta en marcha de las casas del mayor y de las unidades de atención temprana; y atender a las visitas necesarias para poner en marcha centros nuevos y derivadas de la tramitación de quejas.

Según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, el plan de inspección de la Xunta para 2020 también contempla 440 inspecciones en materia de familia y menores, y 520 en inclusión y servicios comunitarios. En todo caso, las principales novedades se concentran en el área de mayores, en plena expansión.

Respeto
Así, la Xunta también contempla realizar campañas específicas para asegurar que las residencias “respeten escrupulosamente” el patrimonio de los usuarios que no tienen familia próxima.

Seguirá, al tiempo, “muy de cerca”, que se “cumpla” el régimen de precios estipulado, para “evitar que se facture indebidamente por extras que las familias desconocen y que la Administración no permite”; o revisar la normativa de los centros de atención a mayores, un documento de 1996 que, 24 años después, admite la Xunta, conviene actualizar. Además, para “agilizar la respuesta a las deficiencias”, en 2020 la Xunta prevé habilitar un procedimiento que facilite que los usuarios puedan presentar directamente a la Xunta sus quejas y denuncias.

En todo caso, el Consello de Contas refleja en su informe específico de residencias (que incorpora datos de 2015 y 206) como uno de los problemas existentes que, pese a las inspecciones y a que no se corrigieron las irregularidades, no se cursaron expedientes sancionadores.

El dato total de este tipo de expedientes sancionadores (33 y dos cierres –uno de ellos en plena crisis del coronavirus–) en los últimos tres años y medio confirma que las multas suponen un número muy bajo si se compara con el número de inspecciones que realiza la Xunta cada año. La previsión de inspecciones para este 2020 supera el medio millar, por ejemplo.

Sin embargo, Fernando González defiende que si el incumplimiento es grave o reiterado siempre se multa. “Pero lo importante es que se corrija la deficiencia, que las cosas funcionen bien, antes que sancionar”, subraya, convencido de que lo que refleja realmente el dato de multas, al margen de que el COVID-19 haya puesto a las residencias en el foco informativo, es que “las cosas no funcionan tan mal”. 
Por su parte, la Federación gallega de asociaciones de usuarios y familiares de residencias y centros de dependencia REDE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Galicia contra dos altos cargos de la Xunta y una funcionaria por su gestión en relación con los geriátricos.

La entidad asegura que la situación en las residencias que “desembocó en el fatal escenario actual” a causa de la crisis sanitaria del coronavirus era “conocida y consentida” por la Dirección Xeral de Maiores.