En el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ferrol se celebró ayer la audiencia previa del primer juicio en la ciudad contra el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, IRPH, una cláusula desconocida para muchos, pero que ya ha sido declarada como abusiva por algunos magistrados.  
Un afectado por este índice, Marcos Guerreiro, ha conseguido llevar a la Unión de Créditos Hipotecarios (UCI) ante los tribunales para reclamar la devolución de 39.000 euros –por lo que considera intereses usureros– y la nulidad de la cláusula que contempla la aplicación del IRPH. Aunque en un principio la entidad financiera intentó desviar la demanda al Juzgado Mercantil de A Coruña, finalmente fue el número 4 de Ferrol el que se hizo cargo del caso. 
Marcos aseguró ayer frente a los juzgados que no tuvo opción a la hora de firmar esa hipoteca, “era una cláusula impuesta” y aparentemente “más segura que otras” en cuanto su oscilación, le explicaron en la UCI. “Yo soy hijo de un obrero y nieto de un zoqueiro, no tengo estudios superiores y confié en el asesor bancario”, explicó. “El tiempo ha demostrado que se me aplicó un índice de referencia totalmente opaco, manipulable, lo que denominaríamos una estafa”, concluyó el afectado antes de entrar a la audiencia previa.
Actualmente este vecino de Ferrol está pagando un 3,4% (incluyendo el diferencial) de intereses por su hipoteca. Más de tres puntos por encima del Euribor, que estos días ronda el 0,05%. Eso significa que de los 473 euros que paga todos los meses, “solo 200 corresponden a la amortización de la hipoteca”. 
Su deuda a día de hoy, después de haber pagado 50.000 euros, es 300 euros mayor que el crédito que pidió en 2006. “Llegué a deber 4.000 euros más de lo que había firmado”, se lamentaba ayer Marcos Guerreiro. 
Antes de la audiencia se convocó una concentración de protesta a la que acudieron, entre otros, el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, y su socia de gobierno Beatriz Sestayo, la diputada de En Marea en el Congreso, Yolanda Díaz, el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, así como numerosos miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Ferrolterra (PAH).
Los tres representantes políticos coincidieron en mostrar su apoyo a Marcos Guerreiro y desearon suerte al vecino de Ferrol en su lucha judicial ante lo que consideran prácticas abusivas. Sestayo, abogada de profesión, pidió “independencia en el proceso” y aseguró que con este juicio “se abren ciertas expectativas para revisar los abusos que se han cometido”. 
Por su parte Yolanda Díaz, reiteró que este caso “amosa a estafa na que estamos a vivir e que causou una profunda crise na sociedade, sobre todo a través de política bancaria”. Para Díaz “urxe mudar esta situación, na que tódolos días a banca esta saqueando á cidadanía”.
La diputada de En Marea se comprometió a “levar ó Congreso este e outros casos similares de abuso bancario”. Suárez, que ya se reunió con el vecino afectado el pasado mes de diciembre, argumentó que “los bancos están siendo inflexibles con situaciones personales que son verdaderos dramas. Deben darse cuenta de que son personas y no instituciones”.
A la salida de la audiencia, tanto Marcos Guerreiro como su abogado, Alejandro Cortizas, se mostraron cautos, pero esperanzados. El juez aceptó todas las pruebas testificales –las cuales la UCI intentó sacar del proceso judicial– y documentales, incluido un informe técnico que avala la manipulabilidad del IRPH, por lo que el letrado de la acusación calificó como “satisfactoria” esta proposición de pruebas. El juicio se celebrará el 23 de febrero, aunque se da por hecho que habrá que recurrir a instancias superiores para obtener una resolución clarificadora.
 
sentencias
En España existen 1,3 millones de afectados por este indicador, pero tan solo 50 sentencias favorables, a pesar de que Galicia es la comunidad menos afectada, solo diez de cada mil contratos hipotecarios contienen esta cláusula. Aun así, tan solo en Ferrol afecta a más de 300 personas.
Los bancos y cajas vendían esos índices como referencias mucho más estables que el euribor. Sin embargo, la evolución de ambos índices en los últimos tres años han puesto de manifiesto lo contrario. Se calcula que una persona que tenga asociado este indicador a su hipoteca pagará 1.200 euros más al año.