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jueves | 25 abril | 2024
La expansión del coronavirus y las medidas contundentes adoptadas para controlarla han generado incertidumbre en la clase política gallega por la proximidad de las elecciones del 5 de abril, cuyo aplazamiento se prevé francamente complicado al no haber disposiciones legales concretas que lo permitan. Un desasosiego que también se vive en Euskadi.
Nada escapa a la propagación del virus, así que los habituales ambientes preelectorales directamente se han evaporado.
A la espera de una precampaña y una campaña absolutamente atípicas, pues no habrá actos multitudinarios ni baños de masas ni saludos ni besos de los candidatos a sus simpatizantes, los presidentes de Galicia y del País Vasco han dejado caer durante estos días la posibilidad de aplazar las elecciones.
Alberto Núñez Feijóo dijo que es “razonable, prudente y aconsejable” sopesar la opción de suspender los comicios del 5A para que no se ponga en “riesgo” la salud pública de la comunidad gallega, aunque tampoco es totalmente partidario de esta opción..
Y ayer mismo Íñigo Urkullu anunció que el Gobierno vasco está analizando qué posibilidades jurídicas podrían confluir para no mantener una jornada electoral en plena epidemia de COVID-19.
Consciente de las complicaciones que entraña dicho informe, Urkullu dejó claro que el documento que redacten sus servicios jurídicos no será determinante.
Asegura que una hipotética decisión sobre si se mueve o no la fecha del 5A ha de provenir de la Junta Electoral Central (JEC) conforme a “criterios técnicos y profesionales”.
Pronunciamiento consultivo
Pero la Junta Electoral Central no puede tomar una decisión al respecto; como mucho puede emitir un pronunciamiento meramente consultivo.
Fuentes del máximo árbitro electoral explican que si se les dirige una consulta respecto de qué hacer con unas elecciones que se celebrarán en mitad de una epidemia (la Organización Mundial de la Salud ha elevado la categoría a pandemia, dada su expansión), analizarán la petición de inmediato, seguramente por vías telemáticas.
Su respuesta siempre dará prioridad a la protección del derecho del sufragio, de manera que su cometido consistirá en instar a que éste se ejerza dentro de los parámetros más altos y exigentes de seguridad y garantías.
Fuentes que aclaran que en la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) no existe ninguna previsión sobre la alteración de una fecha electoral, en este caso su aplazamiento. De ahí que no puedan decidir nada.
Porque la Loreg define el ámbito de actuación de la JEC que puede decidir sobre debates electorales o sobre las credenciales de los candidatos, pues eso sí lo regula la norma, pero no sobre cambios de fecha.
Además, no hay antecedentes. Se creó una situación parecida tras los atentados del 11 de marzo de 2004, ya que conmocionaron a una sociedad llamada a votar en unas elecciones generales pocos días después.
Sin embargo, no se aplazaron y en la JEC ni siquiera se hizo un documento al respecto, apuntan las fuentes de la Junta consultadas.
Pueden concurrir razones sanitarias de urgencia en aras de la protección de la salud pública, y eso lo deberán decidir las autoridades sanitarias.
La Ley General de Sanidad habilita la adopción de medidas excepcionales si efectivamente se dan esas razones, pero no concreta si entre ellas cabe algo parecido al aplazamiento de unas elecciones.
Estado de alarma
La Constituciónalberga las opciones de los estados de alarma y de excepción, algo que el Consejo de Ministros puede aprobar vía decreto para un plazo de quince días como máximo y para un marco territorial determinado. Además, el Congreso debe reunirse de innmediato para autorizarlos.
El precedente data de 2010 cuando el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó el estado de alarma para asegurar el tráfico aéreo ante la huelga de controladores. Serían medidas extremas que ningún candidato mencionó.
