13º-17º
domingo | 5 mayo | 2024
La reunión celebrada el pasado fin de semana aprovechando la visita a Ferrol del secretario de Estado de Defensa , Ángel Olivares, con el fin de analizar el estado del convenio entre el Concello y el Ministerio de Defensa para la cesión de parcelas desafectadas de usos militares fue valorada ayer por el alcalde, Jorge Suárez, que indicó que “foi unha reunión puramente de traballo para avanzar discretamente na negociación”.
Sin embargo, pese a que no se ha dado a conocer si ha habido avances o si el convenio se renegociará finalmente o continuará adelante, el regidor sí adelantó la idea en la que está trabajando el ejecutivo local y que no se conocía hasta ahora, la de retomar el convenio de 2007, que se remonta al mandato de Vicente Irisarri, y que, explicó Suárez, “foi o que máis respaldo plenario tiña”.
Así las cosas, las negociaciones entre el ejecutivo actual y Defensa pasan por recuperar el espacio más importante del acuerdo, el Sánchez Aguilera, “e desencallar un tema estancado desde 1991. Sabemos que a maquinaria de Defensa é lenta, pero é momento de desatascar un problema de cidade”, explicó Suárez.
El convenio de 2007 fue firmado el 19 de septiembre e incluía un total de ocho propiedades, que suponían el trasvase de 600.000 metros cuadrados de propiedades de Defensa a manos municipales –Sánchez Aguilera, polvorín de Mougá, polígono de tiro de Catabois, el cuartelillo de San Luis, el campamento de Covas, el cuartelillo de Monte Cobás y el torpedista de la Armada.
Aunque este acuerdo recibió más apoyo que el posterior, del mandato popular, también recibió en su día críticas del BNG e incluso de EU –por entonces socio de gobierno de los socialistas– al calificarlo de poco ambicioso.
El convenio aprobado en 2015 por el PP –la oposición rechazó o se abstuvo en el apoyo– aumentó notablemente las parcelas hasta alcanzar los 950.000 metros cuadrados, con propiedades como la estación de radio de Mandiá o el observatorio de Monteventoso. Sin embargo, suponía para las arcas municipales el desembolso de unos 500.000 euros a cambio de las parcelas.
La idea del actual ejecutivo es que la propiedad más interesante es el Sánchez Aguilera, por su tamaño y situación urbanística, y que el mayor número de propiedades implica una cuantía económica que no se está dispuesto a pagar, ni se ha incluido, de hecho, en los únicos presupuestos que ha aprobado el ejecutivo el pasado 2018.
Aunque el alcalde dio a entender que el problema podría solventarse, lo único que ha manifestado públicamente el Gobierno, a través del secretario de Estado de Defensa es que estarán dispuestos a estudiar cualquier posible solución para llegar a un acuerdo sobre las propiedades, si bien el nuevo convenio, a juicio del Ministerio, “no podrá lesionar los derechos adquiridos anteriormente”.
